La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una resolución que reduce marcadamente el listado de las personas polÃticamente expuestas que están bajo obligación de aportar información relevante para la persecución del lavado de activos. Los que dejaron de estar obligados son funcionarios de los tres Poderes del Estado y de organismos de control, asà como autoridades empresariales que conducen cámaras o asociaciones, quienes a veces tienen relevancia por sus contactos con funcionarios públicos.
La medida del órgano que está bajo la esfera de Mariano Cúneo Libarona recibió fuertes crÃticas de entidades civiles y jurÃdicas que la consideran un retroceso en el sistema antilavado. Es una resolución que limita el concepto de función pública prominente y va contra las recomendaciones del GAFI que considera personas polÃticamente expuestas a las que su gobierno les confÃa actividades públicas. Pero también a otras del sector privado de influencia en el sector estatal, con lo que pueden afectar tanto al sistema antilavado como al sistema económico financiero.
Entidades como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) consideran que la disposición de la UIF no tiene fundamentación atendible, facilita iniciativas de corrupción e impacta en la recepción de información con la que el Estado puede diseñar polÃticas públicas.
El 6 de diciembre pasado la UIF aprobó la resolución 192/2024 que se publicó en el BoletÃn Oficial cuatro dÃas después. Con ello limitó el concepto limitó el concepto de función pública prominente y redujo la lista de personas polÃticamente expuestas.
Según advierte el Cipce, esta resolución eliminó del listado de personas polÃticamente expuestas a quienes ocupan rangos subalternos. Esto hace que los sujetos obligados no tengan que realizar una debida diligencia reforzada sobre esas personas. Entre estos estratos liberados de su condición de personas polÃticamente expuestas se encuentran subsecretarios del Poder Ejecutivo, secretarios del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, directores en el marco de una intervención federal, directores en organismos administrativos. Se quitaron de la lista también los rangos inferiores a máximas autoridades de fuerzas militares, de seguridad y penitenciarias. Quedaron exentos igualmente los secretarios en universidades y miembros relevantes de partidos polÃticos o alianzas electorales.
También quedó sin exigencia de informar a la UIF el personal del Poder Legislativo a nivel nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el personal subalterno con funciones o poder de decisión en control, supervisión y contrataciones públicas, aunque siguen obligadas las máximas autoridades de organismos que otorgan y supervisan habilitaciones, permisos y licitaciones.
Dejan por último de tener responsabilidad de informar las autoridades de agrupaciones empresariales como cámaras, asociaciones y otras formas corporativas. Y respecto de los que siguen obligados, quedan liberadas las personas que tienen relaciones con ellos en segundo grado de cosanguinidad o parentesco (abuelos, hermanos, nietos). Se mantienen solamente las de primer grado (hijos, cónyuges, padres, convivientes).
El Cipce fue muy crÃtico de la decisión del gobierno de Milei. La directiva Alejandra Freire dijo a LPO que desde la primera versión de 2011 la UIF amplió siempre el alcance de la definición de Persona polÃticamente expuesta, pero la última resolución hace lo contrario.
En octubre pasado Argentina superó la cuarta ronda de evaluación mutual del GAFI sobre control de lavado de activos, algo celebrado por el gobierno de Milei por facilitar la inversión de capitales extranjeros. Pero dos meses después de la calificación el gobierno redujo los estándares previos y echó posteriormente al jefe de la UIF Ignacio Yacobucci que habÃa designado al asumir.
"Entre 2011 y 2023 Argentina mantuvo un concepto amplio de función pública prominente, entendiendo que también abarca a las funciones que se ejercen en el sector privado, que tienen relevancia pública y que pueden ejercer influencia sobre un funcionario", señaló Freire. "Por eso se incorporó a las autoridades de organizaciones sindicales, obras sociales y empresariales. Pero sin ningún fundamento esta última resolución saca de las personas expuestas a autoridades de organizaciones empresariales que la UIF habÃa mantenido durante diferentes gestiones y con cambios de gobierno", indicó.
El Cipce subraya que las cámaras empresariales administran fondos, realizan negociaciones con los gobiernos sobre salarios, producción, consumo y precios. Y que muchas empresas contratan con el Estado. Por lo que el control limita la corrupción y frena el avance de la criminalidad económica organizada. "Esta reducción da lugar a que se realicen abusos en el sistema económico y financiero", dijo Freire.
El cambio de interpretación oficial sobre quién ocupa una posición pública dominante libera de obligaciones a funcionarios de rangos medios de los poderes legislativos, secretarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos en actividades como compras y contrataciones donde a veces se producen hechos de corrupción.
El procesalista Alberto Binder, titular del Inecip, dijo a LPO que esta regulación no debe analizarse en forma aislada. "En este momento se está produciendo un doble fenómeno. Hay un debilitamiento de la institucionalidad formal con abuso de facultades de Poder Ejecutivo. Pero paralelamente esto se vincula con el fortalecimiento del subsuelo de la democracia, el infraEstado mafioso, el auge de grupos a veces en zona grises que actúan de hecho. Este debilitamiento de la UIF de ahora va de la mano de la recuperación del esquema Stiuso de los servicios de inteligencia, del estilo en el manejo de ciertos temas de seguridad con este gobierno", sostuvo.
Para Binder el gobierno previo a Milei hizo algo similar. "Mientras hablaba que dejarÃa los sótanos de la democracia los utilizaba. Los viejos acuerdos entre nosiglismo, Angelici, Milani con manejos oscuros se restablecen. Me llama la atención el lugar de Santiago Caputo, que no quiere ser funcionario pero construye la sala de comando oficial desde esa lógica. Esto de la UIF ahora se da en un momento en que Argentina deberÃa fortalecer el control del flujo de capitales ilÃcitos que están conectados a mercados criminales de rápida expansión. Se hace lo contrario".
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Excelente noticia. Menor intervención del estado = menos impuestos = más libertad para todos los argentinos.
"Entidades como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) consideran que la disposición de la UIF no tiene fundamentación atendible, facilita iniciativas de corrupción e impacta en la recepción de información con la que el Estado puede diseñar políticas públicas"
¿Y a quién le importa la opinión de ONGs de izquierda como esas? El estado no tiene la necesidad de diseñar políticas públicas más allá de las de eliminación de impuestos porque el sector privado puede hacerse cargo de toda actividad que genere dinero para beneficio de la sociedad. Si no es económicamente rentable no es socialmente deseable.
"Me llama la atención el lugar de Santiago Caputo, que no quiere ser funcionario pero construye la sala de comando oficial desde esa lógica"
Cómo serán de burros los zurdos que les llama la atención "el lugar" que ocupa un funcionario público electo por abrumadora mayoría del voto popular para desempeñarse en un cargo y que lo hace con total y absoluta transparencia dando la cara y explicaciones de manera permanente.
"Esto de la UIF ahora se da en un momento en que Argentina debería fortalecer el control del flujo de capitales ilícitos que están conectados a mercados criminales de rápida expansión. Se hace lo contrario"
Pasa que desde que tenemos a la Dra. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón al mando del ministerio de seguridad nacional y desde que la SIDE recibe los fondos que necesita el terrorismo y el narcotráfico fueron erradicados por completo. Por lo tanto, no existen"capitales ilícitos" conectados a mercados criminales que fluyan en nuestro país.