El gobierno publicó dos decretos (el 1107 y el 1112) que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad interior, como adelantó LPO.

La disposición permite a los militares operar como policías, hacer uso de la fuerza y a detener en flagrancia sin autorización del Congreso, lo que constituye una violación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior y de de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En ese sentido, el primer decreto sostiene que el artículo 31 de la Ley de Defensa "no define los objetos de valor estratégico y, por lo tanto, procede a su definición y establece que el Poder Ejecutivo Nacional enumerará que instalaciones, conjuntos de instalaciones y entidades serán consideradas como tales". 

Sin embargo, el artículo 3º violenta lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional porque dispone que "las Fuerzas Armadas junto a las Policías Provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apoyarán a las Fuerzas de Seguridad Federales para custodiar y proteger los objetivos de valor estratégico".

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Por su parte, el segundo decreto autoriza a los militares a armarse para protegerse y brindarse seguridad durante "las actividades de adiestramiento operacional u otras tareas a los fines del servicio, durante el desplazamiento o en los lugares donde se realicen esas actividades para repeler cualquier tipo de agresión y proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia". 

El profesor de la UBA y especialista en Defensa, Sergio Eissa, explicó a LPO que los decretos "retoman los intentos de cambio del 2018 de Macri (que modificó el 727) donde aparece el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas relegando al tema Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. De hecho, se decía  que como se había mejorado la relación con Gran Bretaña y a través de esa amistad se iban a recuperar las islas, lo cual es una ingenuidad absoluta". 

Eissa plantea que "lo que hay es una redefinición de la misión principal. El artículo 2 de la ley de Defensa dice que las Fuerzas Armadas se utilizarán para agresiones externas, pero nunca aclara de qué tipo de agresiones se refiere. Lo que hacía el decreto 727 (de Macri) es a partir de una resolución la 3314 de Naciones Unidas de manera bastante restrictiva aclarar que se entendía por agresión externa y lo que define era como agresión estatal militar externa o agresiones de Fuerzas Armadas de otros estado". 

"Lo que se hace ahora es volver a incluir el  terrorismo, grupos paraestatales, narcotráfico y organizaciones criminales como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas", agrega.

Para el académico, "esto hay que leerlo junto con el proyecto de ley que mandaron para modificar la ley de Seguridad Interior y una ley que ya tiene media sanción que es la ley antimafia que prevé una especie de estado de sitio sin el control parlamentario". 

Esto hay que leerlo junto con el proyecto de ley que mandaron para modificar la ley de Seguridad Interior con el decreto de los objetos de valor estratégico y una ley que ya tiene media sanción que es la ley antimafia que prevé una especie de estado de sitio sin el control

Eissa afirma que "estos cambios son muy peligrosos. El argumento que son modernos es de una falsedad absoluta. Chile no involucra a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Brasil tiene alguna excepción parecida a nosotros que ya tenemos en la ley de seguridad Interior. La ley de Defensa es una copia de la de Estados Unidos que es de 1800". 

"Obviamente que estamos hablando del Estado que tiene el monopolio de la violencia. Entonces, si se presenta una situación grave donde las policías y las cuatro fuerzas de seguridad federales no pueden actuar, el Congreso tiene que imponer al estado del sitio y se puede intervenir, que es lo que establece los artículos 31 y 32 de la ley de seguridad interior", remarca.

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Mendoza

Sergio Eissa insiste con que "si ya tenemos la ley de Seguridad Interior como reaseguro frente a una situación grave la intención, a mi criterio, es sacar gendarmes y prefectos de la frontera terrestre, fluvial y marítima de los objetivos de valor estratégico para tenerlos disponibles para intervenir frente a problemas que se puedan presentar en las provincias y garantizar de esa manera el control social. De esta manera volvemos a la situación del 2018 y se descarta todo el planeamiento que se hizo". 

Estos cambios son muy peligrosos. El argumento de que son modernos es de una falsedad absoluta. Chile no involucra a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Brasil tiene alguna excepción parecida a nosotros que ya tenemos en la ley de seguridad Interior. La ley de Defensa es una copia de la de Estados Unidos que es de 1800

"El documento del Plan de Capacidades Militares 2023 definía unas fuerzas armadas de acá a 20 años y por detrás de todo esto está abandonar el Atlántico Sur, las Malvinas y la Antártida, pues la disputa va a venir ahí y nosotros ahí estamos muy flojos de papeles", añadió.

En síntesis, los Decretos y el proyecto de Ley que intenta modificar el artículo 27 de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, busca liberar a las Fuerzas de Seguridad Federales de la responsabilidad de custodiar las fronteras contra los delitos transnacionales, de proteger los objetivos de valor estratégico y de actuar contra el narcotráfico y el crimen organizado en el territorio nacional. 

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 Por último, Sergio Eissa, alerta que "como consecuencia de estos decretos, las Fuerzas Armadas Argentinas pierden su sentido de ser, en tanto que cumplirán roles policiales, como los de control vehicular y de personas, patrullajes, aprehensión en flagrancia, perdiendo las capacidades para defender los intereses vitales, la ya violentada integridad territorial en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes". 

"Se convertirán, en definitiva, en Guardias Nacionales que atiendan los intereses de los Estados Unidos en América Latina", concluye.