Cristina Kirchner quiere ser la interlocutora del gobierno de Milei en la discusión de la reforma laboral. La intención de la expresidenta choca con los intereses del peronismo del interior y los dirigentes gremiales que respaldan a Axel Kicillof, que buscan la misma centralidad.

"Cristina quiere ser la interlocutora del Gobierno en la discusión de las reformas que vienen", afirmó a LPO un dirigente del peronismo bonaerense, cercano a Kicillof. La expresidenta, en una larga carta publicada a comienzos del mandato de Milei, ya había manifestado su voluntad de discutir una modernización de la legislación laboral.

"Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos", expresó la ex presidenta en el documento programático que publicó el 14 de febrero del 2024, en el que se mostró dispuesta a discutir aspectos centrales de su modelo.

La lógica política que activa la tensión entre el kirchnerismo y el peronismo del interior en la negociación de las reformas, también cruza la otra gran negociación que está en puerta: los lugares en la la Corte Suprema y los más de 150 pliegos de jueces y fiscales federales, como anticipó este medio.

El gobierno quiere ampliar la Corte y debate si negociar con Cristina o los gobernadores

Aún con el poder menguado, la expresidenta conserva una influencia determinante en el Senado, que no pasa desapercibida en la Casa Rosada y que molesta a los peronistas del interior. Luego de las elecciones, esos dirigentes del PJ empezaron a plantearse como los interlocutores del peronismo con el Gobierno.

Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos.

En las últimas horas, la senadora jujeña Carolina Moisés y el diputado entrerriano Guillermo Michel se reunieron con la conducción de la CGT e impulsaron una maniobra para demorar el trámite parlamentario del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y conseguir así ampliar el margen de negociación, como reveló LPO. La peronista jujeña integra el bloque Convicción Federal, un desprendimiento de la bancada de José Mayans, y cuenta con el apoyo político de Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.

Como informó LPO, el gobernador de Catamarca se mostró proclive a la reforma laboral y cuenta con tres diputados y el senador Guillermo Andrada, compañero de bancada de Moisés, que sin embargo, se encargó de remarcar que no se apartaría de lo que demande la CGT. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también abrió la posibilidad de discutir una modernización de las leyes laborales.

Los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Gustavo Bordet en la reunión con la cúpula de la CGT.

Michel fue director de Aduanas durante la gestión de Massa en el Ministerio de Economía y participó de la discusión por el liderazgo de Germán Martínez en la bancada de Fuerza Patria. Esa refriega, como reveló LPO, encontró en la misma sintonía a gobernadores como Ricardo Quintela y Jalil, que demoró el portazo en el bloque kirchnerista a la espera de que el tucumano Pablo Yedlin u otro legislador ocupara el rol de Martínez y expresara la agenda del interior contra la del peronismo en el AMBA.

LPO publicó que Michel y Moisés objetaron con argumentos similares el ingreso del proyecto por el Senado, debido a los capítulos tributarios que contempla la norma y que obligan a que sea Diputados la cámara de origen, según el artículo 52 de la Constitución. Una manera de sacar la pelota de la cancha en la que el kirchnerismo tiene mayor peso. Acaso por eso, la maniobra no despertó demasiado interés en Mayans.

Cerca del formoseño dijeron a LPO que "no se está coordinando para que la reforma entre por Diputados". "Ya está en el Senado", contestaron.

Cristina pone en juego a sus legisladores para ofrecerlos como árbitros de la negociación con Milei, pero los principales dirigentes de la CGT ya optaron por Kicillof y se sientan a discutir por sí mismos con el gobierno.

De todos modos, Mayans le dijo a los líderes de la CTA que se reunieron este jueves con los senadores del Bloque Justicialista que "la apuesta es evitar el tratamiento exprés" que impulsa con temeridad Patricia Bullrich por indicación de Karina Milei. Cuenta para eso con un piso de 28 peronistas dispuestos a aplacar ese ímpetu oficialista, más los dos santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, referente de los trabajadores petroleros en su provincia, y la ayuda de los que puedan aportar Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que ya se reunieron con los triunviros de la CGT. "Hay que llegar a 37", explicó a LPO uno de los senadores que participó de ese encuentro.

Una fuente al tanto de la jugada de Cristina deslizó ante LPO que la expresidenta "quiere ser la interlocutora del gobierno" ante la reforma laboral, una actitud que replica su posición en las negociaciones por las vacantes en los juzgados federales, la Procuración General y la Corte Suprema. Un tiro por elevación a Kicillof, en la disputa por el peronismo.

Mayans, Di Tullio y Fernández Sagasti con la CTA.

La tirria es tan fuerte con el gobernador bonaerense y quienes lo apoyan, que a Máximo Kirchner se le soltó la cadena contra Hugo Yasky, secretario general de la CTA, en la sesión donde se aprobó la insistencia contra el veto de Milei al aumento para las universidades. Cuando el dirigente de los docentes pidió a Martín Menem que dejara ingresar a los rectores anotados en una lista enviada con anticipación, una frase de Máximo retumbó en el recinto: "¿Quién mierda es Hugo Yasky para decir quiénes son los que entran?".

Un importante dirigente sindical explicó a LPO su visión sobre esta tensión: "Cristina pone en juego a sus legisladores para ofrecerlos como árbitros de la negociación con Milei, pero los principales dirigentes de la CGT ya optaron por Kicillof y se sientan a discutir por sí mismos con el gobierno", afirmó.

Pero es evidente que los movimientos de la expresidenta despiertan la inquietud de los diputados peronistas que cuestionan la aparente inacción del kirchnerismo ante el proyecto de Milei. Un senador kirchnerista explicó esa inacción: "La estrategia pasaba por no entrar en lo que iba tirando el gobierno, porque era como una carnada, hasta que no esté el proyecto definitivo".

Una vez que el Poder Ejecutivo mandó el expediente, el principal espacio opositor empezó a desperezarse. Este jueves, por caso, se reunieron Vanesa Siley, Hugo Yasky, Paco Manrique, Sergio Palazzo y Kelly Olmos con otros miembros de la bancada interesados en un debate que trascienda "la postura de oponerse nada más" para poder "plantear propuestas", en línea con aquel documento de Cristina de febrero.

Máximo Kirchner, Javier Andrade y Lucía Cámpora.

LPOJuanca Casas

LPO accedió a una síntesis de cinco páginas que se venía discutiendo en la comisión de Trabajo del PJ nacional, que retoma el título "Actualización Laboral", un concepto que ya había enunciado Cristina en su documento del Día de San Valentín. En la página 20 de ese texto postuló la necesidad de "plantear una ineludible actualización laboral".

La propuesta del PJ, se ordena bajo ocho puntos, que van en un sentido muy distinto al que plantea Milei. Se plantea desde "la reducción de la jornada laboral y la soberanía del tiempo" y "licencias parentales igualitarias" hasta regulaciones en favor de los trabajadores de plataformas y resguardo de los convenios de ámbito mayor frente a los de ámbito menor, algo que pretenden demoler Federico Sturzenegger y Techint.

Las formas de contratación laboral ya incluidas que deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo.

De hecho, Cristina tipeó en el punto 10 de sus conclusiones de febrero de 2024 que esa "actualización" exigía que "las formas de contratación laboral ya incluidas que deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo". 

"Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse", remarcó entonces.