Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta, esta vez por la revelación de que la magistrada tiene un cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", anunció Cristina en sus redes sociales, vinculando el caso con lo sucedido el domingo en Brasil.

La presentación fue realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que en sus  fundamentos sostuvieron que "se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA", algo que denunció el viernes el ministro Martín Soria.

Soria denunció que la jueza que investiga el atentado a Cristina estaba contratada por D'Alessandro

"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz", indica la presentación de la defensa de Cristina. Los abogados agregan que "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".

Los letrados de la vicepresidenta señalaron que "las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo".

Los abogados remarcaron que la "autoridad política" de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, lo cual "tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra".

"Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida", añadieron. Los abogados afirmaron que "en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar" en la causa por el atentado.

En pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar en la causa por el atentado, sostienen los abogados de Cristina

Los letrados expresaron que "está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva".

Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como "irregularidades y arbitrariedades" cometidos por la jueza "desde el primer día" de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.