Cristina Kirchner se convirtió este martes en la primer vicepresidenta en ejercicio de la historia argentina en ser condenada por corrupción. El Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estados, en la denominada causa Vialidad, que investigó la obra pública de Santa Cruz. 

La vicepresidenta no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada junto a otros ex funcionarios como Julio de Vido y Abel Fatala, que fueron absueltos en ese punto y en el resto de los cargos. 

Una renuncia para pelear sin guantes

De este modo el Tribunal no la encontró culpable de ser "jefa de una banda" como la acusaban los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Era el punto más difícil de probar, ya que según numerosos juristas un Gobierno no puede ser culpado de ser una asociación ilícita. La decisión de los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu, de quitarle ese cargo y reducir a la mitad los doce años de condena que pidieron los fiscales, parece una jugada de los jueces para mostrar cierta contención en el ejercicio de la justicia.

Sin embargo, en el Gobierno destacaron esta decisión como una evidencia de la precariedad del fallo condenatorio. "No pudieron sostener que ella era la jefa de una asociación ilícita porque no hay un sólo testimonio en el que aparezca ella ordenando alguna de las contrataciones objetadas. ¿Por otro lado, como la condenan a ella por defraudación, si no es la jefa de la maniobra, salteándose al mismo tiempo a los responsables inmediatos como el ministro de Planificación (Julio de Vido) y al Jefe de Gabinete?", se preguntó un funcionario del Gobierno que ofreció a LPO su visión del fallo.

Cristina no irá presa porque la sentencia no estará firme hasta que agote las instancias de apelación, primero ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema, un proceso que podría durar años. Mientras no haya sentencia firme, no se aplicará la condena y eso se aplica también al decomiso de 84 mil millones que fijaron los jueces, que todavía no está claro sobre que bienes se aplicará. 

Cristina no irá presa porque la sentencia no estará firme hasta que agote las instancias de apelación, primero ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema, un proceso que podría durar años. 

Los fundamentos de la sentencia se leerán el 9 de marzo de 2023, desde entonces Cristina y los fiscales tienen la posibilidad de apelar el fallo. La vicepresidenta apelará la condena y los fiscales apelarán la absolución que recibió Cristina en el cargo de asociación ilícita.

Mientras los jueces leían la sentencia, que incluyó una condena de seis años de prisión para el empresario kirchnerista Lázaro Báez, un grupo de militantes se agolpó en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para esperar la sentencia. El piquetero Luis D'Elía, que venía hablando de "golpe", fue uno de los líderes de la movilización, que no pasó de un puñado de personas y terminó sin incidentes.

Télam

Luego de conocido el fallo, Cristina anunció que no se presentará como candidata a ningún cargo en las elecciones del 2023 porque no pretende fueros y desafió al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a que la meta presa.

La oposición por su parte sacó un comunicado en el que valoró la decisión del tribunal a la que calificó de "fallo histórico".

La previa del fallo estuvo signada por el escándalo de los chats que compartieron jueces, funcionarios porteños y directivos de Clarín, que muchos interpretaron como una jugada del kirchnerismo para darle andadura a la argumentación de Cristina, que es víctima de una conspiración de sectores del poder real.

Como sea, en un "resumen" de los fundamentos del fallo que darán a conocer en marzo, los jueces sostuvieron este martes que los hechos investigados "evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial". 

Según los jueces, esos lazos "fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)". 

Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.

"Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal", aseveraron los jueces en su reseña. 

"La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción", dijeron los jueces. 

 Los magistrados detallaron que aquellos procesos "fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa". 

"La prueba producida exhibe que algunos de los imputados (Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez), ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito", sostuvieron los jueces en la reseña . 

Y agregaron que esos funcionarios "han sido condescendientes con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz".

"Omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente el avance de las obras; y, además, han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo, proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de cobro (ya sea garantizando adelantos financieros permanentes o a través de pagos anticipados de certificados de obra)", dijeron. 

Los jueces aseguraron que "se demostró que un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, en apariencia y ab initio de carácter neutrales fueron enderezados con la palmaria finalidad de concretar y asegurar la ejecución de la maniobra criminal, reafirmando el funcionamiento del aceitado y concertado circuito de irregularidades". 

"Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra", concluyeron los jueces.