Tras haberse quedado sin fueros por el final de su mandato como senador nacional -que cumplió estando en licencia desde 2019-, la situación judicial de José Alperovich se complica en la causa por abuso sexual contra su sobrina.

El fiscal de instrucción Santiago Vismara y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, ampliaron la acusación contra el ex gobernador de Tucumán y volvieron a pedir su indagatoria, algo que ya habían hecho en diciembre de 2020.

La acusación presentada por los fiscales es por nuevos hechos señalados por la denunciante: se trata de seis situaciones de abuso sexual que tuvieron lugar en 2018 en la provincia de Tucumán. Ya lo había denunciado por hechos similares ocurridos en 2017, tanto en la provincia como en la Capital Federal.

Lo señalado por la denunciante, sostuvieron los fiscales, fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica realizada y las declaraciones que dieron distintas profesionales que tuvieron contacto con la joven. En esos informes, señalaron que el contexto en que ocurrieron los hechos donde se daba en un ámbito de violencia.

"En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna", marcaron Vismara y Labozzetta.

"Está claro que las constancias obrantes en la causa, particularmente el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las declaraciones testimoniales mencionadas, y las constancias de las comunicaciones mantenidas entre víctima y victimario, proporcionan fuerza probatoria a los dichos de la damnificada", agregaron. Para Vismara y Labozzetta, el caso se enmarca en un acto de violencia contra una mujer, por lo que debe ser analizado en el contexto de los compromisos asumidos por el Estado Nacional.

"En los hechos que constituyen el objeto procesal de las presentes actuaciones se identifican distintos tipos de violencia contra una mujer, tales como la violencia sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación", explicaron en el nuevo requerimiento que ahora deberá evaluar el juez de instrucción Osvaldo Rappa. La Corte Suprema de Justicia ya determinó que la causa debía tramitar en la Capital Federal pues se instruyó una causa paralela en Tucumán, donde el exgobernador pretendía que allí quedara.