El presidente Alberto Fernández adelantó este domingo que convocará a los gobernadores "que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti".

Lo hizo en su primer mensaje del año donde señaló el desafío para el 2023 de seguir bajando la inflación y fortalecer el ingreso de los trabajadores. Además, se refirió a los nuevos chats que se filtraron esta semana donde quedarían expuestos vínculos sinuosos entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

"Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia", dijo el presidente antes de partir a Brasilia para participar de la asunción de Lula.

  Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.

"Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", agregó.

En consecuencia, el presidente señaló que promoverá acciones en contra de Rosatti: "Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica", sostuvo el mandatario que vuelve a poner la discusión por la coparticipación  que generó un conflicto de poderes tras el fallo del Máximo Tribunal que le dio la razón a Rodríguez Larreta y obligó al gobierno central a aumentarle los aportes el 2,95%.

 [Alberto lo hizo de nuevo]

Esta situación el permitió a Alberto Fernández el inédito alineamiento de 14 gobernadores dispuestos a dar pelea contra la Corte Suprema que el mismo presidente se ocupó de desactivar y dejó en offside a los mandatarios provinciales.

Alberto junto a los 14 gobernadores que estaban dispuestos a darle la pelea a la Corte 

Ahora, con los nuevos chats que se filtraron del teléfono espiado del ministro D'Alessandro, donde habría diálogos comprometedores con Silvio Robles, hombre de confianza de Rosatti, el presidente vuelve a convocar a los gobernadores para avanzar en un juicio político: "Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", argumentó Fernández.

En ese sentido, quien estuvo agitando la necesidad de avanzar en el juicio político contra el presidente de la Corte fue el santiagueño Gerardo Zamora, quien ofició de vocero de los mandatarios peronistas en el tema de coparticipación y ahora aclaró que sus declaraciones fueron en términos personales, sin consultar al resto de sus pares.

 [Larreta tomará la decisión sobre D'Alessandro luego de la cumbre con Macri]

Se verá si el presidente logra reunir nuevamente a los 14 gobernadores para avanzar con la medida o si los mandatarios se manejarán con cautela ante el riesgo de quedar nuevamente desacompasado si Alberto decide nuevamente volver sobre sus pasos.

Por lo pronto, le ordenó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, "que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo", señaló Alberto en otro capítulo que se desprende de los chats de D'Alessandro por posibles pedidos de coimas a empresas contratistas del Estado.