La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionó al gobierno de Javier Milei por la modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública, que impuso nuevas restricciones. 

Adepa expresó "preocupación" por el decreto que modificó la reglamentación de la ley  aprobada en 2016. "Ha incorporado excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública", sostuvo.

La entidad consideró que "esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia". "Algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario", agrega el comunicado.

El gobierno impuso más restricciones a la ley de acceso a la información pública

Adepa recordó que la ley consagra los principios de "presunción de publicidad", "máxima divulgación", "máximo acceso", "alcance limitado de las excepciones" e "in dubio pro petitor" ("ante la duda, a favor del peticionante"), los cuales se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo.

"Adepa entiende que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios", dice el comunicado.

"El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país", agrega.

Adepa también cuestiona que la reglamentación contiene una curiosa interpretación del término "documento", al señalarse que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público". En ese sentido, recuerda que el artículo 8 inc. g) de la Ley ya exceptúa este tipo de documentos cuando puedan afectar el derecho de defensa de la Administración Pública. "Llevar más lejos la excepción no sería admisible por decreto", indica.

"La amplitud de los términos utilizados permitiría excluir del ámbito de aplicación de la Ley 27.275 una gran cantidad de actuaciones naturalmente públicas. La vaguedad y sobre inclusión constituyen un problema especialmente delicado cuando se trata de regular las libertades de expresión y de prensa", continúa.

Todos estos cambios, dice Adepa, "darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático". Finalmente, la entidad le pide al gobierno de Milei que revierta las modificaciones.