Desde ATE salieron a rechazar la decisión de Sergio Massa de ratificar el congelamiento de ingresos en el Estado que había anunciado Silvina Batakis y piden una audiencia urgente con el presidente y el ministro de Economía.

Desde el gremio aseguran que la medida impide avanzar en un compromiso asumido por el gobierno en diciembre de 2020 de pasar a planta permanente a 30.000 trabajadores del Estado. Ese compromiso, dicen desde el sindicato que encabeza Hugo "Cachorro" Godoy venía "sumamente demorado" y a la fecha recién se hizo efectivo para unos 4.000 casos.

Desde ATE sostienen que los trabajadores que desempeñan sus funciones hace más de cinco o diez años como contratados no son agentes ingresantes a la Administración Pública Nacional.

El Plan ConcursAR preveía el pase a planta permanente de aquellos trabajadores y trabajadoras que prestaban servicios desde al menos 5 años. Sin embargo, desde el gremio aseguran que al día de la fecha, ese objetivo no se logró en tiempo y forma por diversos retrasos.

Massa juró con un impactante respaldo político y empresario 

En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, cuya representación se reparte entre ATE y UPCN, el gremio que comanda Andrés Rodríguez. Ambos sindicatos mantienen una fuerte pulseada por la afiliación de los trabajadores, en particular en las áreas jerárquicas de las administraciones públicas.

Queremos una economía al servicio del pueblo, y no al servicio de las corporaciones y los poderes de turno. Tenemos gobernantes resignados a conceder lo que los poderosos quieren y no a lo que el pueblo necesita.

Godoy encabezó este viernes el cierre de campaña hacia las elecciones nacionales de la CTA Autónoma. En la Federación de Box el candidato a renovar la conducción del sindicato aseguró que "tenemos gobernantes resignados a conceder lo que los poderosos quieren y no a lo que el pueblo necesita".

ATE cuenta con casi 290.000 afiliados repartidos en las 24 provincias del país que no sólo cumplen función en oficinas de gubernamentales, sino también en escuelas y hospitales.

La decisión de congelar el ingresos de personal al Estado fue anunciada en principio por Silvina Batakis en los primeros días de julio para reducir el gasto público y garantizar la meta de déficit fiscal acordada con el FMI. Esta semana, Massa ratificó la medida.

En su última revisión del acuerdo con la Argentina, el organismo internacional hizo una dura advertencia en el sentido de que el gasto se incrementó 13% en términos reales durante los primeros 5 meses del año, lo que obligará al Gobierno a recortar un 7,8% esas erogaciones hasta diciembre para cumplir con el compromiso del acuerdo.