El presidente Santiago Peña logró el aval de Lula da Silva para que el paÃs vecino saliera de garante ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y destrabara un préstamo de 100 millones de dólares. Esos recursos servirán para acelerar la compra de seis aviones Embraer Súper Tucanos para la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), que contarÃa también con financiamiento de la Itaipú Binacional.
Con esta jugada, Peña echa por tierra las negociaciones con la Argentina para la adquisición de los Pampas III, aunque no para la compra de los radares RPA-170M y RPA-170 de la empresa INVAP, y en pocos dÃas se confirmará la transacción con el gobierno de Javier Milei, según pudo saber LPO. El gobierno paraguayo quiere mantener un equilibrio entre sus dos vecinos y no inclinarse del todo a uno de los dos.
En sintonÃa con estas negociaciones, el cartismo se abre a la posibilidad de insistir con la ley de derribo y analiza una enmienda constitucional para evitar que la legislación choque contra artÃculos de la Constitución. Fuentes del oficialismo en el Senado dijeron a este medio que la iniciativa es impostergable.
Tanto la ley de derribo como la adquisición de los aviones Tucanos de Brasil y la compra de radares de Argentina constituyen un paquete de inversión en seguridad que el propio Peña lleva adelante y que representará una deuda de 500 millones de dólares.
"Es equivalente a que le dispares a las fuerzas del orden y tengan que devolver fuego. Pero tiene que tener un protocolo, grabarse la conversación por radio, filmar la intervención. No es llegar y disparar", indicó el senador Gustavo Leite a LPO en alusión al derribo de aviones.
Durante la administración de Mario Abdo Benitez, el Congreso calificó la ley de derribo como "una sentencia de muerte anticipada y sin juzgamiento". Sin embargo, el presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez consideró necesario el debate y su aprobación por el rol que juega Paraguay como un paÃs de tráfico de la cocaÃna con destino a Europa.
"Tenemos que hacer lo que la Constitución y ley mandan. Si hace falta una enmienda, la propondremos. En los paÃses donde hay menos adictos es porque no hay drogas en las calles", comentó Leite. Cibar BenÃtez, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), también sugirió el fin de semana que el derribo de narcoavionestas era un "clamor popular" y se sumó a la necesidad de discutir una ley al respecto.
Si se avanza en esta lÃnea, el Congreso tendrá en sus manos el impulso de una enmienda constitucional y la aprobación del crédito con el BNDES, dos aristas de un mismo proyecto de seguridad militar, el más ambicioso en décadas en Paraguay. En las dos cámaras existe una mayorÃa oficialista, lo que permitirÃa que la iniciativa del Ejecutivo pase sin inconvenientes.
El crédito del BNDES, de unos 100 millones dólares, debe pasar por el Congreso para su aprobación, debido a que los fondos para el pago de la deuda saldrán de Itaipú, es decir, son recursos que van de Estado a Estado. Luego del acuerdo entre Brasil y Paraguay de mayo para la fijación de la tarifa y la apertura del mercado eléctrico brasileño, Peña encontró la oportunidad de dar forma a su estrategia de defensa y seguridad.
Los fondos de la binacional son la principal fuente de financiamiento que tiene Paraguay para enfrentar la inversión militar en su lucha contra el narcotráfico, un tema recurrente en cada conferencia regional de seguridad, y que carga con la insistencia de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que pretende llevar el liderazgo en el área.
La compra a Brasil estipula seis aviones Súper Tucanos, el kit de vuelos, equipos de comunicación para vuelos nocturnos, equipos y software para planificación y mantenimiento y el entrenamiento de ocho pilotos, entre otras asistencias. Lula estaba detrás de esta transacción desde hace tiempo.
Desde 2004, las principales autoridades del BNDES tienen en la mira a Paraguay para concederle una lÃnea de crédito para inversión social. Durante la administración de Nicanor Duartes Frutos, las negociaciones fueron lideradas por el actual asesor polÃtico de Peña, José Alberto Alderete. BNDES propuso entonces una inversión de 201 millones de dólares para cuatro obras viales.
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