Tras mantener constantes diferencias con el comandante de las Fuerzas Militares, César Augusto Moreno Landaira, Santiago Peña destituyó al vicealmirante Walter Silvio Vargas, hasta hoy al frente de la Armada. En su reemplazo nombró a su segundo, Lucio Benítez, quien en los últimos tiempos lideraba la exposición pública ante la falta de "tacto" y el bajo perfil que caracterizaban a su antecesor.

El recambio llega mientras las Fuerzas Armadas están abocadas una política de rearme y ampliación de sus filas, y uno de los objetivo centrales es lograr la ampliación de su presupuesto, que hoy ronda los 313 millones de dólares para el actual ejercicio fiscal.

Además, el presidente aprobó la modificación del estatuto militar para que las FFAA intervengan, en un trabajo encabezado por la Policía Nacional, en las acciones de seguridad interna contra el crimen organizado en los departamentos fronterizos con Argentina y Brasil, asediados por la ola inseguridad y asaltos de tipo comando de bandas transnacionales. 

El Gobierno admite que la militarización obedece a un pedido de Bullrich ante la presencia de Hezbollah

A esto se suman las negociaciones que lleva el gobierno con el presidente Lula da Silva para la compra de aviones Súper Tucanos y radares de la empresa estatal argentina Invap, dedicada a la alta tecnología y pionera en América Latina. En total, la inversión ronda los USD 600 millones de dólares. En el periodo legislativo anterior, la comisión de Defensa aprobó un presupuesto tentativo de 300 millones de dólares para un plan de inversión inicial.

César Augusto Moreno Landaira junto a Laura Richardson, jefa del Comando Sur. 

"El señor presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas ha dispuesto el relevo del comandante Vargas y en su reemplazo fue designado el vicealmirante Lucio Benítez para ejercer a partir de ahora la comandancia de esa fuerza", informó el ministro de Defensa, Oscar González, en una declaración breve y sin dar mayores explicaciones.

Ante el despliegue de tropas en el sur del país, el Senado convocó al titular del Consejo de la Defensa Nacional (CODENA), Cibar Benítez, para una sesión reservada el próximo 24 de junio. Los legisladores quieren que brinde explicaciones sobre la militarización y la veracidad de las informaciones acerca de la presencia activa de grupos terroristas como Hezbolá. En Itapúa, Misiones y Ñeembucú mencionan que la decisión de Peña provoca intranquilidad en sus ciudades.

El recambio llega mientras las Fuerzas Armadas están abocadas una política de rearme y ampliación de sus filas, y uno de los objetivo centrales es lograr la ampliación de su presupuesto, que hoy ronda los 313 millones de dólares para el actual ejercicio fiscal

"Solicitamos al contraalmirante que traiga los datos estadísticos que fundamentan la decisión del Ejecutivo, donde nos ponen militares en el departamento, cuya presencia podría estar acompañada incluso de una estigmatización", sostuvo el senador liberal Édgar Villalba.

Óscar González, ministro de Defensa.

Presidencia de la República

Sobre la presencia real de células terroristas en la Triple Frontera -e incluso operativas en territorio paraguayo-, fuentes de la cartera del Interior sostienen que no se registra, pero sí reconocieron un aumento de las actividades de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas, especialmente del Primer Comando Capital (PCC), que ponen en riesgo la seguridad la zona.

Los militares buscan aumentar su presupuesto y presionan para cobrar multas a los objetores de conciencia

En los últimos ocho años el presupuesto del Ministerio de Defensa ha sufrido muy poca variación, principalmente en lo que respecta a gastos e inversión. De acuerdo a los datos oficiales, el aumento corresponde a servicios personales que se da por el crecimiento vegetativo de las Fuerzas Armadas.

El monto total del presupuesto destinado se divide en: gastos en servicios personales G. 1.889.165.890.176, que representa el 81,92% de los recursos de la cartera; para gastos operativos, G. 331.803.536.216, o sea, el 14,39% y; para gastos de inversión, G. 85.025.452.359, que equivale al 3,69%.