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Por presión de Biden, el cartismo da un paso atrás con la enmienda para los derribos
El oficialismo estudiaba una enmienda para modificar la Constitución. En 2022, agregados de la Embajada advirtieron a Paraguay sobre una ley de derribos de narcoaviones. Molestia en el CODENA por el revés.

La aprobación de una ley de derribo de aeronaves civiles al servicio del narcotráfico tuvo un revés de última hora debido a la presión de la Embajada de Estados Unidos, que obligó a las Fuerzas Militares a dar de baja las pretensiones y amoldarse a la sugerencia de la administración Biden, como contaron fuentes del oficialismo a LPO.

El proyecto que habilitaba a las Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) a derribar toda aeronave sospechosa que se moviera en las zonas de frontera era parte de un paquete de medidas e inversiones en seguridad que se impulsó desde el Consejo de Defensa Nacional (CODENA). Esta reculada despertó roces entre su titular, el contraalmirante Cíbar Benítez, y el ministro de Defensa, Óscar González.

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Semanas atrás, González había confirmado una iniciativa parlamentaria con el visto bueno del Ejecutivo para avanzar en una legislación que permitiera los derribos. Senadores oficialistas habían admitido incluso que, si fuera necesario, se trabajaría en una enmienda para modificar artículos de la Constitución y darle forma a la ley.

Óscar González y Cíbar Benítez.

En medio de las primeras conversaciones entre el Senado y el Ejecutivo, la Embajada de Estados Unidos hizo lobby con Peña, a quien se le recordó una advertencia: de aprobarse una ley de derribo de aeronaves civiles, cualquier colaboración con Paraguay en el ámbito militar y aeronáutico podría suspenderse.

El aviso era el mismo que Rachel Kutzley, consejera política y económica de la Embajada, y Lance Damon Awbrey, agregado de Defensa y jefe de Asuntos Internos, hicieron al entonces presidente del Congreso, Óscar Salomón, cuando los legisladores discutían el proyecto de ley 5.40015 sobre vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo.

La Embajada de Estados Unidos hizo lobby con Peña, a quien se le recordó una advertencia: de aprobarse una ley de derribo de aeronaves civiles, cualquier colaboración con Paraguay en el ámbito militar y aeronáutico podría suspenderse

Cabe recordar que en menos de un año de gestión, Peña mantuvo cuatro reuniones con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, donde el punto central fue la participación de Paraguay en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En ese sentido, el reclamo del presidente a la administración Biden fue que Paraguay, a pesar de ser un aliado estratégico, no recibía el mismo nivel de colaboración que otros países de la región.

Santiago Peña, Marc Ostfield y Laura Richardson. 

"Algún lobby de supuestos derechos humanos probablemente. ¿Y los derechos humanos de las familias que tienen un hijo adicto? ¿O ellos no sufren? De los diez países con mejor desempeño en PISA en secundaria, nueve no permiten siquiera la marihuana recreativa. Hay que saber leer los datos. Algún día seremos totalmente independientes", comentó una fuente del oficialismo en alusión a las presiones de Washington.

Hemos concluido que no es necesario aprobar una nueva ley. La legislación actual es suficiente para controlar el espacio aéreo en las fases uno y dos y permite el derribo de aviones en casos de legítima defensa, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional

La nueva posición del Ejecutivo sobre los derribos se conoció el lunes en el Congreso y su vocero fue el senador colorado Javier Zacarías Irún, quien presidió la comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. De la sesión extraordinaria de carácter técnico participaron González y el general del Aire Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, y un representante de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

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"Hemos concluido que no es necesario aprobar una nueva ley. La legislación actual es suficiente para controlar el espacio aéreo en las fases uno y dos y permite el derribo de aviones en casos de legítima defensa, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional", indicó Zacarías Irún.

El senador Javier Zacarías Irún. 

Fullaondo admitió que la orden de no avanzar en las negociaciones por la ley de derribos proviene del sector que impone las líneas de políticas públicas del gobierno. "La posición del gobierno es emplear la ley vigente que nos permite cumplir con la misión de control aéreo y vigilancia. Con la ley de derribo solo se elimina un eslabón de la cadena para llegar a la cabeza de las organizaciones y corta la investigación", sentenció el militar.

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Desde el gobierno de Peña se ejecutó una inversión de alrededor de 500 millones de dólares para el fortalecimiento de la Fuerza Aérea. La semana pasada se oficializó la compra de los aviones de comabate Súper Tucanos a Brasil por alrededor de 100 millones de dólares y se aguarda la compra de radares y la instalación de un comando de control en conjunto con la DINAC.  

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