Por orden de Gustavo Petro, presidente de Colombia, las Fuerzas Militares de ese país ejecutaron el martes un bombardeo contra la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas, perteneciente a las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco".
El ataque tuvo lugar en la zona rural de El Retorno, Guaviare, en una operación orientada a contener la violencia regional. El mandatario colombiano identificó a Mordisco como un líder del "Estado Mayor Central", grupo que se reivindica como sucesor de las FARC y socio de mafias internacionales.
La intervención dejó un saldo de cuatro presuntos integrantes del grupo armado fuera de combate, dos capturas y dos sometimientos a la justicia. Por parte de la Fuerza Pública, tres militares resultaron heridos en los enfrentamientos y recibieron atención médica inmediata tras el despliegue táctico. Durante el operativo, las tropas rescataron a dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo la protección del Estado.
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Esta acción militar se dio en respuesta a un notorio incremento en los homicidios rurales en Guaviare, según las cifras oficiales presentadas. Este aumento de la violencia es producto de enfrentamientos entre las estructuras de alias Mordisco y alias Calarcá por el control territorial. El ministro de Defensa colombian señaló que estos grupos armados organizados ilegales son hoy la principal amenaza contra la vida en las áreas rurales.
Pero las acciones de Petro no están exentas de controversias. En noviembre, el presidente había ordenado un bombardeo idéntico contra un campamento donde se encontraban los lugartenientes de Mordisco. En aquel lugar se ubicaban alias "Jimmy" y alias "Pescado", piezas clave en la operatividad de las disidencias del sur del país. En la operación murieron siete menores de edad. Ante los cuestionamientos, el mandatario sostuvo que suspender los bombardeos incentivaría a los capos a reclutar más niños para usarlos como escudos.
Petro calificó a Iván Mordisco como el "mayor reclutador de menores en el país" y foco de una crisis humanitaria regional. Además, identifica a las disidencias de Mordisco como brazos operativos y prestadores de servicios para la "Nueva Junta del Narcotráfico" (NJN).
En enero, tras conversar telefónicamente con el presidente estadounidense Donald Trump, Petro le advirtió sobre el mayor cartel de cocaína operando a nivel mundial.
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Según Petro, estructuras paramilitares como las de Mordisco garantizan el control de las zonas de producción de droga y las rutas de salida en el país. De este modo, la NJN terceriza la violencia operativa mientras sus verdaderos líderes permanecen en el anonimato o fuera de las fronteras. La organización insurgente pasó hace varias décadas de la lucha política a ser un engranaje más de la mayor red de narcotráfico.
La NJN estadía liderada por Julio Lozano Pirateque, alias "Patricia", quien tiene su base de operaciones en Dubái, desde donde, según Petro, coordina el envío de toneladas de droga hacia Estados Unidos, Europa, África y Asia. Los integrantes de la NJN son considerados narcotraficantes "invisibles" que prefieren pasar por ejecutivos antes que por los gánsteres tradicionales. Su imperio incluye sectores legales de la economía y negocios diversos como las esmeraldas, el fútbol y la seguridad privada.
Petro había advertido en varias ocasiones de una estrecha alianza entre Lozano Pirateque y el uruguayo Sebastián Marset para monopolizar el tráfico transnacional de drogas hacia los puertos internacionales. Marset, considerado el jefe de una red regional con grandes ramificaciones, utiliza sofisticados métodos de transporte marítimo para transportar sus cargamentos.
Juntos han consolidado un poderío criminal que infiltra diversas economías y utiliza a grupos armados locales como sus proveedores exclusivos. Esta coalición representa la nueva cara del crimen organizado transnacional que desafía la seguridad de múltiples continentes.
Petro vincula directamente a la cúpula de la NJN (Lozano y Marset) con la autoría intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Se sostiene que la orden se dio porque las investigaciones de Pecci afectaban a los intereses de la organización y de sus socios. Entre los afectados por el fiscal se encontraba Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", quien operaba bajo el amparo de esta junta. El magnicidio, ocurrido en Cartagena en 2022, habría sido una medida drástica para frenar el avance judicial contra sus estructuras.
Pero los vínculos de las guerrillas armadas con el narcotráfico no son nuevas, tanto en Colombia como en Paraguay, donde la reaparición del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP), banda "entrenada" por las FARC, estaría ligada a organizaciones narco en el departamento de Canindeyú. El presidente Santiago Peña autorizó recientemente el despliegue militar total para contener a estos grupos con sesgos terroristas y nexos mafiosos.
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