Las Fuerzas Militares se encuentran en un proceso de actualización de sus tareas dentro del gobierno de Santiago Peña, que las quiere sumar de apoyo a la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado, cuyas organizaciones operan en la Triple Frontera y hoy son consideradas un "enemigo común" por Argentina y Brasil.
En ese sentido, Óscar González confirmó que las tres fuerzas elaboraron un borrador para la reforma de la ley del Estatuto del Personal Militar que dé respaldo legal definitivo al despliegue militar en departamentos como Alto Paraná e Itapúa, azotados por la delincuencia y el enfrentamiento entre bandas narcos.
"Nosotros no podemos quedarnos sentados mirando desde nuestros cuarteles cómo la delincuencia avanza. Este fin de semana, con los diferentes comandantes, hicimos un borrador que ya fue entregado al presidente para su consideración. Incorpora todos los ajustes legales y de presupuesto", adelantó el ministro de Defensa.
En noviembre de 2018, durante sus primeros 100 días de gobierno, Horacio Cartes impulsó la modificación del Estatuto del Personal Militar, aprobada por el Congreso, aunque posteriormente fue considerada inconstitucionales. El entonces presidente buscaba reformar las leyes 216/93 y 1115/ 97 para incorporar al Ministerio de Defensa en la cadena de mando de las Fuerzas Militares y achicar el cuerpo del Ejército.
A pocos meses de haber asumido, Peña ordenó el retiro de las fuerzas militares que custodiaban las sedes del Banco Nacional de Fomento. En menos de tres meses, el BNF sufirió una ola de asaltos de tipo comando, liderados por el Primer Comando Capital (PCC), que se llevaron un botín que rondaría los 800 millones de guaraníes.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico tipificado como " terrorismo" encuentra a las Fuerzas Militares obsoletas y sin presupuesto. Por eso el presidente está interesado en comprar radares de Argentina por 100 millones de dólares y cerrar la oferta de Lula da Silva para la adquisición de de seis aviones de combate Súper Tucanos de Embraer, que incluye un paquete de capacitación de pilotos y mantenimiento.
"Puedo definir con una palabra cómo estamos en las conversaciones: potaité. Estamos ahí. Con el presidente somos muy celosos por cada guaraní que se va a invertir en armamento y por eso perdemos tanto tiempo en definir las compras", explicó González. El ministro reconoció la demanda de mayor seguridad, pero dijo que ninguna administración quiere hacerse cargo de los costos que implica el despliegue de fuerzas.
El gobierno paraguayo se encuentra en la mira de los organismos de Seguridad de EEUU en base a la hoja de ruta elaborada por la administración Biden, a la que accedió en exclusivo LPO. La Casa Blanca considera a Paraguay como un centro de distribución regional de drogas y armas. Por su parte, Argentina y Brasil presionan a Peña para que asuma un rol activo en la lucha contra la corrupción y las actividades ilícitas en la frontera.
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