El Consejo de Defensa Nacional (Codena) anunció este jueves el lanzamiento de "Escudo Guaraní", una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado para reforzar las fronteras ante el avance del crimen organizado transnacional. Esta acción es estratégica y se da tras la decisión de Santiago Peña de declarar al Comando Vermelho y al Primer Comando Capital como grupos terroristas.
La operación, que consiste en la militarización de los departamentos limítrofes con Brasil y Argentina, llega una semana después de la alerta regional generada por la violenta ofensiva contra el CV en Río de Janeiro, que dejó un saldo de 120 muertos y 113 detenidos en los complejos de Alemão y Penha. La operación en Brasil coincidió con el asalto a un banco en Katueté, Canindeyú, donde se utilizaron explosivos para volar la bóveda.
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El ministro de Defensa, Óscar González, desplegará cerca de 4.000 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico. La prioridad la tendrán los departamentos de Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
Fuentes de los organismos de seguridad confirmaron a LPO que los cuatro aviones A-29 Súper Tucano de la Fuerza Aérea también entrarán en acción, específicamente para acciones de control y patrullaje de las fronteras. Las aeronaves brasileñas fueron adquiridas a la empresa brasileña Embraer y llegaron al país a mediados de año.
La operación también involucrará a la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y Migraciones, entre otras entidades. Se movilizarán cerca de 7.000 policías de las comisarías cercanas a la frontera. La mayor concentración de efectivos, militares y policiales, se dará en las zonas más vulnerables a la influencia del crimen organizado, es decir, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.
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El principal riesgo es que criminales de alto perfil del Comando Vermelho usen a Paraguay como refugio o aguantadero para evadir la intensa presión y la "cacería" de las autoridades brasileñas. Las fuerzas de seguridad de Brasil han intensificado las operaciones contra el CV, no solo en Río, sino también en otros estados como Bahía y Ceará.
Paraguay es considerado un territorio crucial para las bandas criminales y el centro de operaciones más importante del PCC, actualmente aliado del CV, fuera de Brasil. El país sirve como base para el acopio, la preparación y la distribución de cocaína hacia Brasil, Europa y África. Ante la alerta, se reforzaron los controles fronterizos y cualquier ciudadano brasileño que ingrese ilegalmente, sea o no miembro de la facción en cuestión, será expulsado y entregado a las autoridades de Brasil.
La preocupación se agrava porque el sistema penitenciario paraguayo ofrece condiciones propicias -hacinamiento y prácticas corruptas- que favorecen el crecimiento del crimen organizado. Solo el PCC contaría con alrededor de 1.000 "soldados" dentro de la población carcelaria local. Además, la tregua acordada recientemente entre el PCC y el CV aumenta el riesgo de una convergencia de intereses en el tráfico internacional de drogas y armas.
El operativo coincide también con las sospechas de la Policía Civil de Río de Janeiro de una probable sofisticación de las técnicas de combate del CV. Las fuerzas de seguridad de ese estado investigan a Philippe Marques Pinto, integrante del CV, por realizar un "intercambio de guerra" en Ucrania. Se sospecha que el criminal, vinculado a altos líderes de la facción, aprendió técnicas terroristas de guerra para usarlas contra las fuerzas de seguridad en Brasil.
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La investigación se da en el marco de fuertes tensiones entre la oposición y el Gobierno de Lula da Silva. Gleisi Hoffmann, presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores y ministra de Relaciones Institucionales, dijo que el presidente brasileño se oponía a declarar al PCC y el CV como organizaciones terroristas.
La propuesta de declaración, una iniciativa de un sector de la oposición, fue catalogada por varios referentes del Gobierno brasileño como un peligro a la soberanía nacional, que coincide la "base retórica de los Estados Unidos para justificar la intervención armada en América Latina", según Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
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