El presidente Santiago Peña firmó este miércoles el decreto que habilita el despliegue militar en la Región Oriental, la más poblada del país, una medida que extiende el área de acción de las Fuerzas Armadas a todo el territorio nacional. El mandatario puso la firma en la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en Concepción luego de una reunión con mantuvo con el gabinete de Seguridad y el encargado de Negocios de la embajada de EEUU en Asunción, Robert Alter.

En rigor, el decreto da luz verde al "empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internes, con la finalidad de garantizar la seguridad interna", en un intento por contener a los grupos criminales "con sesgos terroristas" -como aseguró Peña- y al crimen organizado transnacional.

Tras el secuestro de un productor brasileño, Peña autoriza el despliegue militar en todo el país

El anuncio del lunes se materializó apenas dos días después y en medio del secuestro del productor sojero Almir de Brum en Canindeyú. El Gobierno atribuye el hecho al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y ya ofreció una recompensa de hasta G. 1000 millones por información que lleve a los cabecillas de la banda insurgente. Pero no es la única preocupación de las autoridades.

Peña junto a Óscar González y Robert Alter. 

El ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena) y hombre de confianza del presidente, Cíbar Benítez, entregó un informe en el que alude a la presencia de bandas criminales y terroristas que aprovechan "los flancos abiertos en el territorio nacional para poder realizar sus bases operativas, de logística y de estrategia", según documentos de inteligencia. Extractos de la nota figuran en el decreto de hoy.

La jugada de Peña se da además tras la entrada en vigor del acuerdo de seguridad que firmaron el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en diciembre pasado, y que permite el desembarco de militares estadounidense en Paraguay y el entrenamiento conjunto.

Una fuente oficial dijo a LPO que EEUU estaba particularmente interesado en monitorear las actividades criminales en Ciudad del Este, en plena Triple Frontera, donde la administración republicana aspira a frenar al narco y a organizaciones terroristas y espera contar con el apoyo de Peña.

Una fuente oficial dijo a LPO que EEUU estaba particularmente interesado en monitorear las actividades criminales en Ciudad del Este, en plena Triple Frontera, donde la administración republicana aspira a frenar al narco y a organizaciones terroristas y espera contar con el apoyo de Peña

Ayer martes, un día antes de la reunión reservada con Alter, Peña y Óscar González, ministro de Defensa, recibieron a Joseph A. Ryan, comandante general del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de EEUU.

El alcande del decreto no es casual: la Región Oriental cuenta con casi seis millones de habitantes, la mayor parte de la población total de Paraguay, incluye a Asunción y a 14 de los 17 departamentos y es la porción del territorio que limita con Brasil y Argentina. 

Donald Trump y Marco Rubio.

AP

Con todo, el decreto pone a Peña al borde del límite. Si bien se amolda a la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que se reformó en 2013, y que da la prerrogativa al presidente de la República -a la vez comandante en jefe de las FFAA- en situaciones extremas, la oposición acusa al Gobierno de ir en contra de la Constitución.

Pero quien tiró la piedra fue el senador Carlos Núñez Agüero, excartista y comisario retirado, quien incluso agitó la idea del juicio político contra el mandatario por sacar a los militares a las calles, algo que tachó de inconstitucional. El congresista, hoy alejado del oficialismo y enfrentado a Enrique Riera y Carlos Benítez, se quejó porque el decreto dejaba en segundo plano a la Policía Nacional, la institución que catapultó su carrera política.

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Lo cierto es que la ley de 2013 le permite a Peña emplear a militares en asuntos de seguridad interna por tiempo limitado, en áreas delimitadas y en coordinación con la Policía. La posición del Gobierno es que si los agentes policiales no pueden hacer frente a un fenómeno de carácter transnacional, las FFAA entonces tienen que involucrarse.

El rol de los militares en cuestiones de seguridad interna atraviesa a la región. En Argentina, Javier Milei decretó que los agentes de inteligencia puedan recurrir a las fuerzas militares para "asistencia y apoyo técnico o logístico". En Brasil, el acercamiento entre Peña y Donald Trump cayó mal a Lula da Silva, que ve en el despliegue militar conjunto una suerte de tutela a lo que ocurre del otro lado de la frontera.