
A pesar de los esfuerzos de Enrique Riera de redoblar el trabajo de la PolicÃa Nacional para atajar los delitos, la sensación de inseguridad sigue siendo un tema pendiente para el gobierno. Esta situación obligó a Santiago Peña a promulgar un paquete de leyes que supone un espaldarazo a los órganos de seguridad interna.
Se trata de la ley de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, la de tobilleras electrónicas y la que actualiza la carta orgánica de la PolicÃa. "La seguridad de los paraguayos es un tema por el que trabajaremos de forma integral, sin descanso y con todo lo que esté a nuestro alcance con el objetivo de lograr un paÃs más seguro para todos", escribió el presidente en su cuenta de X.
El Gobierno apura el ascenso de comisarios en medio del debate por la reforma policial
La legislación fue aprobada por el Congreso y se encuentra en proceso de reglamentación, luego de una serie de debates que se prolongaron por meses en ambas cámaras y que hoy es aprovechada por el cartismo para posicionarse frente al déficit de seguridad en las calles.
La norma que busca combatir la violencia en el fútbol se apuró luego de la aparición de banderas alusivas a facciones criminales como el Clan Rotela en las barras organizadas de los clubes tradicionales como Cerro Porteño y Olimpia y los choques recurrentes entre las hinchadas. La ley aspira a contener esos desmanes a través de mayores controles.
Desde el Departamento de Inteligencia de la PolicÃa Nacional entienden que las barras constituyen motores de venta de estupefacientes en barrios y en espectáculos deportivos. En ese sentido, el gobierno impulsó la creación del Registro Nacional del Espectador (RENAE), que permitirá identificar a las persona que adquieran una entrada para asistir a los partidos.
En tanto, la ley que establece la implementación de los "dispositivos electrónicos de habilitará a partir de ahora 20 tobilleras por mes hasta llegar a las 100 a fin de año, que pagará el Estado. "Está la opción de que quien tenga recursos pueda pagar también. El costo es de USD 300 por mes, es el precio que le cuesta al Estado un privado de libertad", explicó el ministro del interior.
Peña designó a la cartera del Interior como institución coordinadora para la implementación de la ley en un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia, la FiscalÃa, la PolicÃa Nacional, el Ministerio de Justicia y el de Defensa. La adquisición de las tobilleras se encuentra en proceso de licitación pública, aprobada por la Dirección de Contrataciones Públicas y los recursos financieros autorizado por el Ministerio de EconomÃa y Finanzas.
Tras unos largos cinco años de debate, la ley de Reforma y modernización de la PolicÃa, promulgada por el presidente, plantea la superposición de funciones entre la institución a cargo de Carlos BenÃtez y las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. La norma torna obligatorio el uso del polÃgrafo para aquellos que quieran ascender al rango de comisario y también prevé la compra de armamento y municiones y la creación de rango de la Dirección de Asuntos Internos.
Esto obligará al Ministerio de EconomÃa a ampliar el presupuesto del Interior para atender el desafÃo de hacer cumplir el paquete de normas. Sin embargo, Riera no se quedó quieto y logró créditos por parte de la Itaipú por más de 300 millones de dólares para la adquisición de armamentos, patrulleras y motocicletas. Existe una bajada de lÃnea desde el Ejecutivo de aumentar el nivel de personal activo para cubrir las necesidades de seguridad.
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