El contrabando tradicional de cigarrillos desde Paraguay hacia Brasil mutó hacia una red industrial clandestina operada por el crimen organizado. Las principales facciones criminales decidieron trasladar la producción al interior de su propio territorio para esquivar los controles fronterizos.
Este cambio de estrategia reduce de manera drástica el riesgo de perder costosos cargamentos en las rutas limítrofes. El negocio millonario ahora se sostiene mediante la fabricación masiva de marcas y productos paraguayos en galpones clandestinos.
Una investigación del diario Folha de S. Paulo reveló que el esquema industrial, bajo el mando absoluto del Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, sigue creciendo con los estados de San Pablo y Río de Janeiro como las bases principales de estas dos estructuras criminales.
Desde allí coordinan una red internacional que conecta intereses ilícitos entre Paraguay y Brasil. La región sudeste del país vecino concentra la mayor actividad ilícita con un total de 55 unidades desmanteladas en los últimos años.
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Las estadísticas oficiales de las autoridades federales brasileñas evidencian la magnitud de esta red de producción clandestina. Desde 2012 se han logrado desmantelar 81 fábricas ilegales distribuidas a lo largo de 13 estados de Brasil. Solo en San Pablo las fuerzas de seguridad clausuraron 28 instalaciones dedicadas a esta actividad. Entre 2022 y mayo de este año, las intervenciones policiales sumaron 41 nuevas fábricas cerradas.
La instalación de fábricas dentro del mercado brasileño coincide de forma directa con la caída de los operativos fronterizos. Las aprehensiones en la región de Foz do Iguazú pasaron de 122,69 millones de paquetes en 2020 a 64,79 millones en 2023. La Receita Federal reportó que las incautaciones totales bajaron a 789 millones de reales en 2024, un 42,2% menos que en 2021. Perder un solo camión en la frontera representa para los contrabandistas un perjuicio económico estimado en 3,25 millones de reales.
Para el Estado brasileño, la comercialización de estos productos genera una pérdida superior a los 7.000 millones de reales anuales en impuestos. El mercado ilegal de cigarrillos abarca el 32% del consumo total dentro de Brasil. Mientras que la carga tributaria sobre el tabaco en Paraguay es del 18%, en los estados brasileños oscila entre el 70% y el 90%. Esta enorme diferencia impositiva permite márgenes de rentabilidad que pueden alcanzar hasta el 500% para las organizaciones criminales.
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La puesta en marcha de estas plantas clandestinas fue posible gracias al traslado de equipos industriales obsoletos. Tras los procesos de modernización de la industria tabacalera paraguaya, la maquinaria antigua fue desmontada. Esos equipos pesados terminaron cruzando ilegalmente la frontera para equipar los galpones clandestinos en suelo brasileño. Una sola de estas fábricas ilegales, ubicada en Ourinhos, tenía capacidad para producir 60.000 paquetes diarios.
Para operar estas máquinas, las facciones criminales reclutan de forma específica a extrabajadores de tabacaleras paraguayas. La necesidad económica empuja a los operarios a aceptar propuestas salariales cuatro o cinco veces mayores a las locales. Las organizaciones aprovechan la vulnerabilidad financiera para atraerlos con promesas de ingresos sumamente tentadores. Sin embargo, una vez que cruzan la frontera, la promesa laboral se transforma en una trampa de explotación.
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Los trabajadores reclutados son confinados en instalaciones clandestinas conocidas por los propios operarios como "buracos". En esos galpones ocultos, las víctimas son privadas por completo de su documentación personal y libertad de movimiento. Duermen, comen y realizan sus jornadas laborales en el mismo espacio bajo estrictas medidas de seguridad. Los informes revelan ambientes totalmente insalubres, carentes de descansos y expuestos a castigos físicos severos.
Una investigación periodística difundida en el programa Domingo Espectacular del canal Record a fines de 2025 confirmó que operan bajo un régimen análogo a la esclavitud. Los empleados no poseen ningún tipo de contacto con el mundo exterior ni derecho a reclamar asistencia. Esta modalidad delictiva combina el lavado de activos, la falsificación industrial y la violación sistemática de derechos humanos. Ambas facciones consolidan así un modelo de negocio diversificado que maximiza sus ganancias y minimiza la persecución.
Paraguay produce anualmente 45 billones de cigarrillos, una cifra que supera siete veces su propia demanda interna. Empresas como Tabacalera del Este SA, ligada al expresidente Horacio Cartes, concentran gran parte de esta producción masiva orientada al mercado externo. El excedente alimenta de manera constante las rutas del contrabando y el tráfico hacia diferentes países. Durante el Gobierno de Joe Biden, tanto Cartes como Tabesa y otras empresas ligadas a él habían sido sancionadas por la OFAC. Sin embargo, con la administración Trump, fueron levantadas.
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