Para las autoridades migratorias y militares del Gobierno, el despliegue del Ejército argentino en la frontera no es más que una "puesta en escena" que va en sintonía con las medidas antiinmigración que prepara el presidente Javier Milei. El "Operativo Roca" anunciado por el ministro de Defensa del país vecino, Luis Petri, pone en jaque a los paraguayos que buscan acceder a mejores oportunidades en Argentina.

El despliegue del Ejército y la Armada es respaldado por el decreto 1112/2024 y la ley de Defensa Nacional y se suma al ya avanzado "Plan Güemes", que ubica en el centro de las críticas a Petri y la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, por la potestad que otorga a los militares para detener a todo civil que transite por las fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil bajo el argumento de haber cometido delitos en casos de flagrancia.

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Fuentes de Migraciones dijeron a LPO que a pesar del ruido mediático por las acciones de Petri y Bullrich, hasta la fecha no cuentan con información precisa de paraguayos detenidos en territorio argentino. Sin embargo, deslizaron que las medidas son un despropósito porque los controles se hacen con el mismo sistema a uno y otro lado de la frontera.

"No tenemos reporte de inconvenientes hasta ahora. Los controles siguen siendo los mismos. Todos los controles se hacen cruzando antecedentes a través del sistema", explicó una alta fuente de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

Óscar González, ministro de Defensa. 

El mismo argumento se replica del lado argentino, donde las autoridades migratorias reconocen que no ha habido resultados que puedan ser valorados en relación con una crisis de seguridad en la frontera. Desde la provincia de Formosa admiten que las acciones de Petri forman parte de un "show" para confrontar con el gobernador Gildo Insfrán, aunque el gobernador de Salta, Gustavo Sáez, apoyó el operativo del ministro.

Desde el gabinete de Defensa de Santiago Peña sostuvieron que el despliegue del Ejército argentino fue coordinado con el Ministerio a cargo de Óscar González, quien respaldó la "Operación Roca", si bien la "Declaración de Clorinda" que firmó con Petri en febrero paa reforzar los controles fronterizos no contemplaba una militarización.

Si fuera mi país, me preocuparía la posibilidad de que el Ejército vaya, paulatinamente, perdiendo su su razón de ser, salvo que sea por tiempo definido. En Paraguay hacemos lo mismo, pero de forma puntual con delimitación territorial

Pese a las declaraciones públicas de González, en el área militar de Peña tienen dudas sobre las intenciones reales de Petri. La preocupación pasa por la decisión política de Milei de utilizar a las fuerzas armadas para un trabajo meramente policíaco, una tendencia que puede empujar a Paraguay a hacer lo mismo -sobre todo en las zonas de frontera- ante el avance del crimen organizado.

Javier Milei y Santiago Peña en Asunción, en abril pasado. 

"Si fuera mi país, me preocuparía la posibilidad de que el Ejército vaya, paulatinamente, perdiendo su esencia 'amigo/enemigo' (su razón de ser), salvo que sea por tiempo definido. En Paraguay hacemos lo mismo, pero de forma puntual con delimitación territorial", indicó a este medio una fuente militar del Ejecutivo.

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La misma fuente agregó que las acciones militares se deciden solo cuando los agresores, por más que sean connacionales, "actúan como enemigos del Estado". "Pero los paraguayos que cruzan el río tampoco estarían amenazados si no cometen algún tipo de delito en flagrancia", sentenció. Con todo, tanto en Paraguay como en Argentina reconocen que el poder de fuego de los grupos criminales sobrepasó la capacidad de respuesta de las policías. 

Los controles de las fuerzas armadas argentinas se centrarán en zonas rurales alejadas de los centros urbanos y de los pasos fronterizos oficiales para capturar a aquellos civiles indocumentados que utilizan la extensión de los ríos Pilcomayo, Paraná y Paraguay y de la frontera para cruzar de forma ilegal hacia lado argentino.