
La ley de derribo de narcoavionetas plantea un debate entre la oposición y el cartismo sobre si es necesario impulsar una enmienda constitucional y abrir la "caja de Pandora" para la modificación de otros artÃculos de la Constitución. La legislación permitirÃa a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) abatir y derribar aeronaves que hayan sido calificadas por un comando militar como sospechosas por estar al servicio del narco y que ignoren las advertencias de aterrizaje.
El proyecto viene siendo debatido en el Congreso desde 2022, pero hasta la fecha no ha podido avanzar ante la falta de financiamiento de las fuerzas militares a la hora de rastrear e interceptar las narcoavionetas. A esto se suma la violacion de varios artÃculos de la Constitución, que hace más difÃcil darle un marco legal a la iniciativa. Lo cierto es que el Gobierno necesita una norma para poner a funcionar el equipamiento que prevé comprar a Brasil y Argentina.
Durante la administración de Mario Abdo BenÃtez, el derribo de cualquier tipo de aeronave fue considerado "como una sentencia de muerte que viola expresamente el artÃculo 4 del derecho a la vida, como también el artÃculo 16 de la Constitución Nacional sobre el derecho a la defensa". Pero el Partido Colorado admite ahora que si fuera necesario avanzar en una enmienda constitucional, se hará sin ningún titubeo.
Desde la oposición dicen estar de acuerdo en fortalecer a la Fuerza Aérea para el combate al narco y darle atribuciones al comando militar a cargo de la misión, pero la posibilidad de impulsar una enmienda constitucional preocupa porque el cartismo podrÃa aprovechar para colar otros cambios a la Constitución. El temor no es nuevo.
"No es necesario una enmienda. Se necesita una ley, nada más. Las aeronaves pueden interceptar vuelos narcos, pero es en tierra donde se debe capturar a los traficantes", comentó Rafael Filizzola, senador del Partido Democrático Progresista (PDP). En ese mismo sentido, su colega Salyn Buzarquis, del Partido Liberal, aseguró que la ley es necesaria y que debe analizarse puntillosamente los detalles de la redacción para no atacar la Constitución.
"Es un debate extenso que debe hacerse para encontrar la mejor alternativa. El narcotráfico mueve millones de dólares por dÃa en nuestro paÃs, al mirar una imagen satelital se puede ver los cientos de aviones que están volando de forma clandestina. El procedimiento a utilizar inmediatamente después de la intersección hay que analizarlo muy bien", explicó José Oviedo, de Cruzada Nacional.
Para los diputados Rubén RubÃn (independiente) y Rául Benitez (Encuentro Nacional), una enmienda, en un momento en que el cartismo "atropella" con su mayorÃa en ambas cámaras, no puede darse porque se corre el riesgo de incluir la figura de la reelección. "Voy a ver un plan B que no sea la enmienda. Estoy a favor del derribo, pero de la enmienda no. Abrimos la puerta a cualquier cosa. Cuando cometés un delito y crÃmenes vas perdiendo derechos básicos como, por ejemplo, la libertad", dijo RubÃn.
Por su parte, BenÃtez sospecha que Honor Colorado solo busca una excusa perfecta para tocar la Constitución. "Evidentemente esto va a traer un debate constitucional si es que ellos quieren derribar aviones. Que esto no sea una excusa para abrir la caja de Pandora. Por cómo se comportaron hasta este tiempo, son capaces de tocar absolutamente todo. Sin dialogar para acomodarlo a su antojo", comentó el diputado opositor.
Mientras el debate toma forma en el Congreso, el Ejecutivo impulsa la iniciativa parlamentaria para la aprobación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la compra de seis Súper Tucanos por 100 millones de dólares. El pedido también deberá ser analizado por el Congreso para su aprobación, ya que la principal fuente de financiamiento de la deuda vendrá de la Itaipú Binacional.
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