En los últimos días se confirmaron nuevos ciberataques a varias instituciones del Estado y nuevamente se encendieron las alarmas sobre la fragilidad de los sistemas digitales públicos y la urgencia de reforzar la ciberseguridad a nivel gubernamental. Incluso, varios usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea denunciaron haber sido víctimas de intentos de hackeo.

El propio ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, reconoció la vulnerabilidad del Estado, pese a que el Gobierno acaba de aprobar un plan de ciberseguridad. La situación pone en jaque al titular del MITIC, quien recién este lunes reconoció la necesidad de discutir una ley de protección de datos personales.

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"Vamos a tener que hablar bastante tiempo todavía sobre esto porque en la medida que vayamos digitalizado el Estado, vamos a seguir con este tipo de ataques. Nosotros venimos ya de un proceso de comunicación de la estrategia de ciberseguridad. Esto va a llevar todavía un tiempo poner en ejecución", apuntó Villate.

Vamos a tener que hablar bastante tiempo todavía sobre esto porque en la medida que vayamos digitalizado el Estado, vamos a seguir con este tipo de ataques

Este nuevo episodio también llegó al campo político, especialmente en la oposición, e incluso entre aliados del cartismo, quienes cuestionaron duramente al ministro por los reiterados ciberataques a las instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, la Justicia Electoral y el Instituto Nacional de Estadística (INE), todos ocurridos este fin de semana. 

El ciberataque afecta a organismos clave, y aunque en teoría se activaron los protocolos de contingencia, la situación dejó en evidencia las lagunas en la protección de datos, la infraestructura digital y la respuesta ante incidentes de seguridad informática. Tampoco se descarta una eventual interpelación al titular del MITIC. En un gesto de impotencia, el ministro admitió que su cartera solo tenía capacidad de reacción y no de prevención. 

Expertos en tecnología señalan que este tipo de vulneraciones, que ya se repitieron en los últimos años, no solo comprometen la confidencialidad y la operatividad de las instituciones, sino que también erosionan la confianza en el Estado y sus plataformas digitales, lo que puede generar un impacto aún más negativo.

Para Luis Benítez, especialista en ciberseguridad, el Gobierno no tiene respuesta para este tipo de hechos. "Estamos en un proceso de digitalización del Estado, pero no se están gestionando adecuadamente los recursos. Uno levanta en internet un servicio 7x24, pero no se tiene presupuestado ni se tiene equipamiento vigente para mantener ese servicio. Te atacan a la madrugada y ni te diste cuenta, recién el lunes te das cuenta, pero ya te sacaron toda la base de datos. Hay cuestiones de gestión estructurales", explicó.

Uno levanta en internet un servicio 7x24, pero no se tiene presupuestado ni se tiene equipamiento vigente para mantener ese servicio. Te atacan a la madrugada y ni te diste cuenta, recién el lunes te das cuenta, pero ya te sacaron toda la base de datos

Además, las consecuencias de los ciberataques a las páginas web del Estado comienzan a mostrar sus primeras consecuencias en la ciudadanía al reportarse intentos masivos de hackeo a cuentas de redes sociales y WhatsApp, a través de mensajes de alerta o llamadas del exterior.

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Con los datos de los ciudadanos, que fueron expuestos globalmente, los diferentes grupos criminales pueden cometer diferentes tipos de ataques, como el phishing, malware o la explotación de vulneraciones de sistemas y redes para acceder a la información.