El procedimiento llevado adelante ayer miércoles, bautizado como "Operativo Umbral", con un gran despliegue policial y militar, en el que 516 reclusos de la penitenciarÃa de Ciudad del Este fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, busca ser un golpe certero a los grupos criminales que operan en la región.
La operación fue largamente planificada por el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo de Defensa Nacional (Codena), con la clara intención de replicar en esa penitenciarÃa lo ocurrido en Tacumbú con el Operativo Veneratio.
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Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, habÃa hablado en enero de cerrar la cárcel de Ciudad del Este que, con más de 1.500 internos, triplica su capacidad y cuyo control real lo ejerce hace tiempo el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC). En noviembre, Nicora ya habÃa dado el primer paso en esa dirección con el traslado de trece delincuentes de alto perfil, en una jugada de anticipación a un plan de fuga del PCC.
El ministro explicó en conferencia de prensa que con el traslado planeaban iniciar la transición "de lo viejo a lo nuevo", buscando un cambio en el sistema penitenciario, todavÃa controlado -en mayor medida- por las organizaciones criminales.
La estrategia no solo aspira a descomprimir el sistema, sino separar a los internos según una clasificación de los perfiles, en bajos, medios y altos niveles de peligrosidad, entre los que se encuentran los integrantes del PCC.
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Nicora no descartó que durante los próximos dÃas se lleven adelante nuevas movidas, aunque aclaró que con tras el Operativo Umbral, la cárcel de Minga Guazú ya estarÃa alcanzando el 90% de su capacidad. El penal dispone de 432 celdas y una capacidad para albergar a 1342 personas.
El ministro señaló que todavÃa mantienen el compromiso de cerrar el penal de Ciudad del Este, aunque los plazos que se habÃan planificado -para mediados de año-, no habrÃa podido cumplirse debido la complejidad del procedimiento, que implica además a varias instituciones.
Nicora aclaró que la selección de los perfiles de los reclusos trasladados no son seleccionados al azar, sino que fueron considerados de acuerdo a parámetros relacionados con su peligrosidad, como los hechos punibles cometidos, los años de condena, y si la persona pertenece a alguna organización criminal, explicó.
El ministro reconoció que la planificación de un operativo de esta magnitud conlleva riesgos considerables, incluyendo la posibilidad de filtración de información y posibles intentos de rescate. Por esta razón, enfatizó la prudencia en la divulgación de los números finales y los detalles hasta que el trabajo esté completamente terminado.
En abril de 2024, el Ministerio de Justicia habÃa activado el denominado Operativo Joapy, en el que consumó la expulsión y entrega a Brasil de 25 reclusos del PCC vinculados al narco y el tráfico de armas. La organización criminal brasileña, la más importante del continente, cimienta su estructura en el control de las penitenciarÃas, donde aprovechan la superpoblación, la corrupción y las precariedades del sistema para fidelizar a los reclusos.
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