La muerte del diputado Eulalio "Lalo" Gómes, ocurrida en la madrugada del lunes, todavía genera impacto, tanto en el crimen organizado como en la política, ámbitos que el cartista habría compaginado, al menos según el relato del Ministerio Público en el acta de imputación en su contra.
Investigadores y fuentes de Amambay lo retrataban como el amo y señor de ese departamento, por su poderío económico y político y por un régimen de terror que parece haber sembrado en la población, incluso entre aquellos que "no se metían con él", como indicaron a este medio desde Pedro Juan Caballero.
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"Se pasaba amenazando a todo el mundo", dijo una fuente que prefirió mantener el anonimato, pero que coincide con lo que contó recientemente el abogado Felino Amarilla: el diputado fallecido le habría amenazado con mandar matar a su hermana, la senadora Celeste Amarilla, si ella no paraba con las críticas.
Las fuentes admitieron que toda la Policía del departamento, y en particular la de la ciudad de Pedro Juan Caballero, estaba a su servicio. De hecho, la presentación de su hijo Alexandre a la Jefatura Departamental tras el allanamiento a su casa fue, en realidad, un intento por refugiarse de lo que creía era un ataque de una organización rival. "Son todos sus empleados", aseguraron.
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Conocedores de su territorio, los locales dijeron que era poco creíble pensar que el diputado actuaría de forma distinta ante un ingreso así en horas de la madrugada a su domicilio. "Él era dueño de Amambay y se lo consideraba como el sucesor de Rafaat", dijo un investigador local que no descartó el inicio una nueva guerra por ocupar su lugar.
Las fuentes indicaron que la propia exposición del diputado había generado mucha presión por parte de las autoridades brasileñas, tanto sobre la Policía como sobre las autoridades políticas para encargarse de Lalo, algo que generaba no pocas molestias para el submundo criminal. "Emergió demasiado, se visibilizó y eso le perjudicaba a mucha gente", dijo un político local, que también pidió resguardar su identidad.
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Investigadores policiales que conversaron con LPO pusieron énfasis en que en el mundo del crimen organizado el éxito radica en pasar desapercibido, una regla que no cuadraba con el perfil del diputado, que hacía ostentación de su poder.
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Al mismo tiempo, los investigadores se preguntan el impacto político que tendría un proceso al diputado estando vivo, sobre todo por el flujo de información que manejaba, gracias a un complejo sistema de influencias que edificó a lo largo de los años. "Él era muy peligroso procesado", agregan las fuentes, quienes no descartan que algunos sectores hayan instrumentalizado a la policía para deshacerse del "problema".
Un factor notable es el impacto político que sigue generando su muerte ya no solo en el interior del cartismo, sino dentro del mismo gabinete de Santiago Peña, donde las molestias del ministro Jalil Rachid respecto a su exclusión de la operación lo llevaron a admitir la influencia de la DEA en la operación, como anticipó LPO, contradiciendo la negativa de Enrique Riera y generando un tirón de orejas desde Mburuvicha Róga.
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