
"Impunidad cero y ser implacables". Con esta frase, Enrique Riera explicó su política de acción frente a las investigaciones internas que se llevan adelante, por orden directa de Santiago Peña, contra todo funcionario vinculado con el crimen organizado y que hoy pasan información sensible. El ministro de Interior apuntó directamente a los infiltrados en las filas policiales y en otros estamentos del Estado.
Actualmente, los órganos de seguridad están en pleno proceso de barrida luego de que se confirmara el accionar de un "topo" en la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) que, según investigaciones del Ministerio Público expuestas en la carpeta de la acusación por narcotráfico contra Miguel Ángel Insfrán, le facilitó operar con impunidad años atrás.
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De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo por el fiscal Deny Yoon Pak, Mauro Ruiz Díaz le pasaba información a "Tío Rico" desde la SENAD, al menos hasta que pasó a integrar la comisión antidrogas en la cámara de Diputados y, de acuerdo al cartismo, supo ser la mano derecha del exministro del Interior, Arnaldo Guizzio. Ruiz Díaz fue separado de sus responsabilidad por decisión del presidente de la cámara, Raúl Latorre, al conocerse los nexos con el capo narco, pese a que fue él quien lo comisionó al Congreso.
Y ante la falta de instrumentos tecnológicos y recursos que puedan fortalecer la lucha contra el narco, la Policía Nacional y la Itaipú Binacional cerraron un nuevo acuerdo de cooperación por 90 millones de dólares que serán inyectados en tres cuotas y de forma inmediata para la adquisición y pago de licencias de software de la Comandancia, y la compra de otros recursos como patrulleras y armas para los oficiales.
Actualmente y a pesar de la falta de pago, los sistemas de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y de Identificación de Balística (IBIS), así como el banco de almacenamiento de documentos de imágenes del 911, se encuentran con licencias vencidas y el pago de dichos softwares rondan los 200 millones de dólares.
Este fondo que será administrado por la Itaipú será invertido de acuerdo a la necesidad de la Policía y no forma parte de los 300 millones de dólares que la binacional se comprometió a girar dentro del marco de ampliación del presupuesto anual de la cartera a cargo de Riera.
"Esto no es ningún secreto porque son fallas institucionales que tienen muchos años y en muchos lugares y no se puede encasillar a un color porque la plata le compra a cualquiera. Debemos mejorar las fuerzas de seguridad, inteligencia y darles un futuro mejor para que no elijan el camino del delito. Si el que te tiene que avisar le avisa a los otros y no a vos no se puede avanzar", dijo Riera, que aprovechó para insistir en la compra de radares y aviones. "Sí, cuesta plata. Y bueno, costará", dijo.
Al ser consultado sobre la complicidad de autoridades del gobierno pasado, el ministro admitió que las responsabilidades son personales pero que las responsabilidades instituciones son indelegables y que existe culpabilidad por acción o por omisión. "O no tenés a alguien que no es confiable o no controlaste lo suficiente para que suceda y esto sucedió por muchos años y en muchos gobiernos, pero necesitamos un ajuste institucional para recuperar la capacidad de controlar cielo, tierra y aire", aseguró.
Existe una bajada de línea de los organismos de Seguridad de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico enquistado en las instituciones públicas. En medio de las diversas iniciativas como la reforma de la ley policial, impulsadas desde el Ejecutivo, se lleva a cabo la elección de los 15 oficiales de la Policía que deben pasar las pruebas del polígrafo para formar parte de la primera camada de agentes del FBI, que tendrá su oficina en las inmediaciones de la FOPE a partir de noviembre.
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