En medio de la guerra narco en los principales centros penitenciarios del país, Carolina Llanes, en representación del Poder Judicial, dará un respaldo a la gestión del ministro de Justicia, Ángel Barchini, para acelerar los procesos penales, mitigar el superpoblación carcelaria y coordinar la estrategia frente los "grandes problemas nacionales" como el crimen transnacional entre los órganos de seguridad y las instituciones judiciales.
En ese sentido, se dispuso que el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General conformaran una comisión de Justicia y Seguridad que tendrá como objetivo atender el hacinamiento en las cárceles y la concesión sin control por parte de los jueces de medidas alternativas a la prisión (el arresto domiciliario) entre otras cuestiones como el letargo de Justicia.
Gran parte de las cárceles paraguayas se encuentran dominadas por organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, que durante la segunda mitad de 2023 tomó el control de Tacumbú, liberada en diciembre a través del Operativo Veneratio. Según datos oficiales, unas 17.025 personas privadas de su libertad, entre hombres y mujeres, conviven en los centros penitenciarios.
"Vamos a trabajar sobre la realidad que existe en las penitenciarías, la saturación de los juicios orales y los procesos penales, que en general que necesitan una definición de manera que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez. Retomamos la cumbre de poderes para poder trazar mínimamente las líneas de política criminal del Estado paraguayo", indicó Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia.
Esta mesa de trabajo fue dada a conocer luego de la cumbre que se realizó en la sede de la Corte. Del encuentro no participaron Barchini, Teresa Barán (Salud Pública) y Óscar González (Defensa), si bien Riera confirmó que serían convocados para integrar el equipo de trabajo que se ocupará de varias demandas sociales.
"Nuestro objetivo es crear una mesa interinstitucional de Seguridad y Justicia que pueda abarcar temas más amplios. El objetivo es identificar los problemas estructurales de la Justicia porque abusamos de la prisión preventiva, pero llenamos las cárceles. Existen problemas que tratamos de resolver y en vez de buscar culpables, debemos buscar soluciones", señaló el titular de Interior.
Por su parte, Emiliano Rolón apoyó la iniciativa, que se inspira en la cumbre de poderes que Santiago Peña convocó a poco de asumir el cargo, en agosto, cuando reunió en Mburuvicha Róga a las máximas autoridades del Congreso, el sistema judicial y los órganos extrapoder. "La coordinación recíproca entre los actores es muy necesaria. Preciso de la colaboración de la Policía Nacional, de los buenos lineamientos de la Corte y de la Legislatura. Debe ser un acontecimiento normal vernos juntos", dijo el fiscal general.
El punto de conflicto en la mesa de Justicia es la concesión a mansalva de medidas de arresto domiciliario por parte de los jueces de garantías que son otorgadas sin bases sólidas. En ese sentido, el Ministerio del Interior será el órgano encargado de finiquitar el llamado a licitación para la compra de las tobilleras electrónicas.
Barchini apura la nueva cárcel de Minga Guazú tras el motín en PJC y el intento de fuga en el Este
LPO intentó conversar con Rodrigo Nicora, pero el viceministro de Política Criminal evita dar declaraciones a los medios debido a la serie de denuncias sobre licitaciones irregulares que apuntan a Barchini y por el descontrol en los centros penitenciarios, como quedó en evidencia con el motín de la semana pasada en la cárcel de Pedro Juan Caballero y el intento de fuga de la prisión de Ciudad del Este.
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