Narcotráfico
Un megaoperativo en Posadas desarticuló una banda que traficaba cocaína y marihuana desde Paraguay
En allanamientos simultáneos, la Policía desbarató una red que había transformado a la capital misionera en el hub logístico de la droga paraguaya hacia el corazón de Argentina.

Un megaoperativo que incluyo allanamientos simutáneos en Posadas y Garupá, provincia de Misiones, Argentina, logró desbaratar este lunes una red de narcotráfico, tras 15 allanamientos simultáneos.

La organización utilizaba la capital misionera como punto logístico clave para distribuir cocaína y marihuana desde Paraguay. Los estupefacientes eran enviados a diversas provincias argentinas mediante un aceitado sistema de encomiendas. Este golpe desarticuló una estructura que aprovechaba la ubicación estratégica para operar a uno y otro lado de la frontera.

El despliegue, ordenado por la Justicia Federal, incluyó intervenciones en el barrio A3-2 y una unidad penal en Chaco. Las fuerzas del Grupo Operativo Conjunto del Noreste Argentino (GOCNEA) lideraron las acciones tras una investigación iniciada en enero de 2025 bajo la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

La investigación reveló una estructura criminal con nexos internacionales que operaba con una logística sostenida en el tiempo. El operativo fue el desenlace de una reconstrucción minuciosa del esquema de transporte y distribución de la droga.

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Entre los detenidos destaca un ciudadano paraguayo cuya identidad se dio a conocer como Samuel B. G., señalado como el principal proveedor y articulador de la banda. Al momento de su captura en la vía pública, se le incautaron 8.900 dólares y una camioneta Toyota Hilux Surf. También cayeron dos misioneros -padre e hijo- encargados de la recepción y el despacho local de la mercadería. Una mujer vinculada a la causa ya había sido detenida en la provincia del Chaco por los mismos hechos.

La organización utilizaba la capital misionera como punto logístico clave para distribuir cocaína y marihuana desde Paraguay. Los estupefacientes eran enviados a diversas provincias argentinas mediante un aceitado sistema de encomiendas

El modus operandi consistía en cruzar la droga desde Paraguay en motos de agua y embarcaciones por el río Paraná. Una vez en Posadas, los cargamentos eran acopiados y fraccionados antes de ser despachados hacia destinos como Santa Cruz y Chaco. El circuito permitía a la banda evadir los controles tradicionales mediante envíos postales que incluían entregas vigiladas por la justicia. La ciudad funcionaba como un centro de tránsito vital dentro del circuito criminal para alcanzar mercados lejanos dentro de Argentina.

Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay. 

Durante el operativo se secuestraron 557 gramos de cocaína fraccionada y más de 2 millones de pesos en efectivo. Previamente, los investigadores habían interceptado encomiendas con 27,8 kilogramos de marihuana vinculadas a la misma organización criminal.

Además, se incautaron 28 teléfonos celulares y notebooks fundamentales para profundizar la investigación sobre sus contactos y financiamiento. La suma millonaria de dinero y tecnología secuestrada representa un duro golpe a la capacidad económica de la red.

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Este golpe ocurre en un contexto de alarma por la incautación de 300 ampollas de fentanilo paraguayo en Corrientes, la semana pasada. El potente opioide había sorteado todos los controles fronterizos oculto en el asiento de un taxista capturado por Gendarmería. La Senad investiga si se trata de un desvío de partidas legales hacia el mercado ilícito de la región. Con todo, el hecho expuso una vulnerabilidad crónica en las fronteras que ambos países no logran sellar pese a las promesas.

El modus operandi consistía en cruzar la droga desde Paraguay empleando motos de agua y embarcaciones por el río Paraná. Una vez en Posadas, los cargamentos eran acopiados y fraccionados antes de ser despachados hacia destinos como Santa Cruz y Chaco

La situación se agrava por los vínculos políticos en Paraguay, como el caso del intendente de Mayor Martínez, Alto Paraná, Ariel Arce Rotela, cuya oficina fue allanada el mes pasado. El funcionario es sospechoso de pagar 120.000 dólares para obtener un expediente judicial que lo vinculaba al tráfico de drogas. Según el diario La Nación de Buenos Aires, Arce Rotela, referente de Honor Colorado, habría brindado refugio a prominentes narcos buscados por la justicia de Argentina.

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Uno de los protegidos por esta estructura fue Federico "Morenita" Marín, el "rey de la marihuana" de Itatí, abatido en 2023. Marín suministraba cargamentos a bandas peligrosas como Los Monos en Rosario desde finales de la década del 90. Su organización movía hasta 15 toneladas semanales de droga bajo un esquema de impunidad fronteriza que resultó alarmante. La red de protección incluía a políticos y policías correntinos que daban cobertura a las maniobras de "Morenita" Marín.

La protección al narcotráfico también alcanzó la justicia argentina con la condena al exjuez federal Carlos Soto Dávila. El magistrado cobraba coimas para beneficiar a traficantes, dejando dormir miles de escuchas telefónicas que implicaban a altos funcionarios. Estos antecedentes reflejan una frontera porosa donde el poder político y judicial suelen actuar como socios del negocio.

Un informe de InSight Crime señalaba que la corrupción interna impide que se logren resultados sostenibles contra las estructuras de tráfico de drogas 

La desarticulación de la banda en Misiones contó con la cooperación de la Senad y la Fiscalía de Asunción. Aunque el operativo representa un avance, los fiscales advierten que la estructura criminal en la región es dinámica y persistente. Este y otros operativos recientes golpean el discurso triunfalista del ministro del Interior Enrique Riera, quien recientemente se jactaba de que el país ya no era zona de circulación de drogas.

Su postura se basaba en un informe de InSight Crime que, muy por el contrario, señalaba que la desconfianza entre las autoridades paraguayas es un factor crítico que limita la cooperación. Esta falta de articulación debilita las investigaciones y el intercambio de inteligencia necesario para combatir al crimen. La corrupción interna impide que se logren resultados sostenibles contra las estructuras de tráfico de drogas.

Apenas la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre la infiltración sistémica del crimen organizado en las estructuras del Estado paraguayo.

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