Sebastián Marset renunció a un juicio rápido durante la última audiencia en un tribunal federal del estado de Virginia, Estados Unidos, donde se leyeron los cargos por lavado de activos. Pero la decisión de la defensa expone al capo uruguayo a una nueva imputación, esta vez por tráfico de drogas, un delito grave que puede terminar en cadena perpetua.
En consecuencia, el proceso se extenderá en el tiempo, aunque les da a los abogados del llamado "Rey del Sur" la posibilidad de interponer recursos. Sin embargo, el fiscal Anthony Aminoff recordó que al rechazar el juicio abreviado, Marset podría ser condenado por otros delitos que conllevan penas más duras que el de lavado.
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Hasta ahora, Marset es juzgado por la Justicia federal estadounidense por mover millones de dólares mediante transferencias en bancos de EEUU y Europa.
La Fiscalía le había ofrecido al capo narco una condena a 20 años de cárcel, tres de libertad condicional y una multa de medio millón de dólares si se declaraba culpable por conspiración para el lavado de activos, una suerte de arreglo -y un derecho del procesado- a cambio de brindar información sobre la red global de tráfico que lideraba.
El futuro judicial de Marset es seguido de cerca en el Cono Sur, base de operaciones del esquema que transportaba toneladas de cocaína por la hidrovía con destino a puertos europeos. El titular de la Senad, Jalil Rachid, vaticinó días atrás que "como moscas caerán" los funcionarios del gobierno anterior, pero la pulseada no es solo política.
Marset cuenta con una orden de captura en Paraguay y causas abiertas por narcotráfico, asociación criminal y lavado. También se espera demostrar si existe o no relación con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, un caso que además toca de cerca a Colombia.
En Paraguay también se encuentra recluida la pareja del capo. El Tribunal de Apelaciones acaba de fallar a favor de la decisión de la jueza Rosarito Montanía de mantener a Gianina García Troche en prisión preventiva. Para la defensa, el hecho de que Marset esté en manos de la Justicia de EEUU justificaba revisar la imputación.
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