El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido este viernes en Bolivia y trasladado a Estados Unidos, comenzó a figurar en investigaciones vinculadas al crimen organizado en 2012, cuando fue procesado en Uruguay junto al piloto paraguayo Juan Domingo Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes. Ambos fueron detenidos por un cargamento de 450 kilos de marihuana. Tras cumplir su condena, Marset recuperó la libertad en 2018 y posteriormente abandonó Uruguay: fue entonces cuando la relación con Paraguay se hizo más estrecha.
A partir de ese momento inició un período de movilidad constante por varios países de la región, principalmente Paraguay y Bolivia, donde comenzó a consolidar vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Según registros migratorios, su primera entrada oficial a Paraguay se produjo en abril de 2018, utilizando su identidad real. Posteriormente, continuó ingresando al país, pero con un documento boliviano falso bajo el nombre de Gabriel Souza Beumer.
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Desde 2020, Marset se instaló en Paraguay junto a su esposa, la también uruguaya Gianina García Troche, y sus hijos. Durante ese tiempo fortaleció una estructura criminal orientada a la logística del tráfico de drogas y al lavado de dinero. El esquema operaba con cocaína producida en Bolivia, que era trasladada a pistas clandestinas en el Chaco, donde se realizaban tareas de acopio y preparación antes de su envío a Europa.
Las investigaciones revelarían más tarde la magnitud de la organización. Autoridades paraguayas y europeas lograron incautar más de 21 toneladas de cocaína vinculadas al grupo, cargamentos que en el mercado europeo habrían alcanzado un valor cercano a USD 876 millones, si se considera el precio promedio del kilo de droga en ese continente.
De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Marset estableció alianzas en Paraguay con el Clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", quien habría sido responsable de la logística para el almacenamiento de droga y el movimiento de recursos financieros. La investigación sobre esta estructura derivó posteriormente en el operativo "A Ultranza Py", uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en el país.
Las investigaciones contra la red comenzaron a desarrollarse en 2019 mediante tareas de inteligencia y escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Sin embargo, entre enero y marzo de 2021 se registró una filtración de información que habría alertado a integrantes de la organización criminal, lo que permitió que varios de sus líderes lograran evadir a las autoridades.
En mayo de 2021, el Comando Tripartito remitió un informe reservado al fiscal Lorenzo Lezcano sobre los vínculos de Marset con el narcotráfico en la región. Poco después, el uruguayo abandonó Paraguay y viajó a Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido en septiembre de ese mismo año en Dubái por portar un pasaporte falso, pero tras la intervención del consulado uruguayo obtuvo un nuevo documento y recuperó su libertad.
El esquema de Marset también incluyó una red de lavado de dinero en Paraguay. Entre sus socios se mencionó al denominado "narcopastor" José Insfrán, con quien habría operado a través de empresas vinculadas al entretenimiento y la organización de eventos. Estas estructuras eran utilizadas para mover recursos provenientes del narcotráfico bajo apariencia de actividades legales.
Otro actor relevante dentro del entramado fue Alberto Koube, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo. Según las investigaciones, habría utilizado diversas empresas, entre ellas firmas vinculadas al rubro automotor y propiedades rurales, para canalizar recursos de origen ilícito.
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En los últimos años, las investigaciones judiciales generaron importantes avances contra la estructura criminal. Entre ellos se destaca la detención de Miguel Ángel Insfrán, considerado uno de los principales aliados de Marset en Paraguay, así como la aprehensión y extradición a Paraguay de García Troche, actualmente recluida en el penal de Emboscada.
El caso derivó en procesos judiciales contra distintos actores vinculados a la red, entre ellos la reciente condena del senador Erico Galeano, hallado culpable de colaborar con la organización, y la extradición de Federico Santoro, investigado por presuntos vínculos con operaciones de tráfico internacional de cocaína relacionadas con esta estructura.
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