El Ministerio Público imputó por homicidio doloso al militar Remigio Llano López, autor confeso del asesinato de Félix Kanazawa, extitular de la Dinac durante el Gobierno de Abdo Benítez. Ante la Fiscalía, Llano cambió detalles de su versión, sobre todo en referencia a sus vínculos con la víctima. El sospechoso permanece bajo prisión preventiva mientras se analizan las contradicciones en su relato. Los investigadores buscan determinar si el crimen fue planeado con antelación o no.
La Policía cree que, con los elementos actuales, no podría hablarse de un asesinato por encargo. El comisario Juan Pereira, jefe del Departamento de Antisecuestros, explicó que el modus operandi no reflejaba la planificación típica de un sicariato. Sin embargo, Pereira aclaró que no descartan ninguna hipótesis mientras la etapa investigativa siga en curso. El hallazgo de rastros de sangre en el vehículo refuerza la teoría de un ataque violento y directo.
A Ultranza: El entorno de Abdo vincula el asesinato de Kanazawa al crimen narco del fiscal Pecci
Las declaraciones del jefe policial se dieron tras la revelación de LPO sobre las sospechas del abdismo de posibles vínculos con el narcotráfico. El entorno del expresidente Mario Abdo asocia el crimen con los informes que Kanazawa entregó para el caso "A Ultranza". Según esta versión, la colaboración del exfuncionario con la justicia habría molestado a líderes de peligrosas organizaciones criminales. El temor crece entre quienes trabajaron de cerca en la causa más importante contra la narcopolítica paraguaya.
Como titular de la Dinac, Kanazawa remitió decenas de informes clave sobre planes de vuelo y datos de diversas tripulantes que permitieron a los fiscales avanzar contra el esquema liderado por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", sospechado de haber participado en el crimen del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Su gestión fue fundamental para rastrear las aeronaves que transportaban cargamentos de cocaína hacia Europa. Fuentes de seguridad confirmaron a este medio que Kanazawa sufría constantes presiones por su delicada labor institucional.
La Fiscalía también dio pasos que se alejan de la hipótesis de la vinculación del crimen organizado, con la designación de agentes ordinarios que relevaron a los agentes especializados que iniciaron la investigación. Esta reestructuración del equipo de investigación se produciría en un momento crítico de la causa y bajo presión pública y política.
El crimen se habría perpetrado el pasado 7 de febrero, aunque el cuerpo fue hallado recién dos días después. La víctima fue degollada con un arma blanca y su camioneta fue limpiada para intentar borrar las evidencias. Llano López habría trasladado el cadáver hasta San Pedro del Paraná antes de participar en una fiesta pública. Posteriormente, la camioneta fue abandonada en una zona boscosa para desviar la atención de los investigadores.
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Además del militar, Óscar Zacarías Maciel fue imputado por reducción luego de ser identificado como que aquel que vació las cuentas bancarias de la víctima. El cómplice compró el teléfono de Kanazawa por solo 500.000 guaraníes tras contactar con Llano por redes sociales. Con el acceso bancario, el hombre realizó compras de lujo y extracciones en efectivo por más de 50 millones. Gran parte de estas transacciones se realizaron en comercios de Ciudad del Este utilizando pagos mediante códigos QR.
El caso mantiene en vilo a la política por la posible conexión entre el crimen común y el narcotráfico. Mientras la Policía se inclina por un conflicto momentáneo, el peso de los informes de "A Ultranza" alimenta la sospecha.
Coincidentemente con este crimen, la Policía lanzó este martes la segunda parte del operativo "Nexus II", que busca desarticular una organización que habría heredado la estructura logística de Marset. Los investigadores sostienen que el grupo se desprendió del esquema original tras la huida del capo uruguayo. La red se dedicaba al tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y de Colombia.
El esquema delictivo involucra a conocidos nombres del ámbito deportivo nacional que siguen prófugos. El exarquero de Olimpia Víctor Hugo Centurión y el empresario deportivo Dionisio Cáceres son señalados como piezas fundamentales: según la Fiscalía, usaban el fútbol para lavar dinero mediante transferencias y ventas de jugadores. Los cargamentos eran distribuidos mayoritariamente hacia el mercado brasileño tras aterrizar en el país.
La operación también salpica a las fuerzas militares con la detención de un oficial activo. Virgilio Del Valle, de la Fuerza Aérea, se puso a disposición judicial luego de ser vinculado al caso. El uniformado habría colaborado con la logística necesaria para el aterrizaje de las narcoavionetas sospechosas.
Hasta el momento se reportan cuatro detenidos, incluyendo al exjugador de futsal Luis Miguel Molinas. Otras cinco personas permanecen con órdenes de captura mientras se realizan allanamientos en diversas zonas. Las propiedades y vehículos de alta gama incautados pasarán a ser administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
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