La investigación sobre el ataque al puesto policial de Naranjito, Canindeyú, que dejó tres muertos, abre paso a nuevas lecturas sobre la violencia en la frontera norte. Las versiones iniciales del Gobierno, instaladas principalmente por el ministro del Interior, Enrique Riera, que apuntaban al grupo terrorista EPP, pierden fuerza frente a los indicios de vínculos con el narcotráfico.

El exdiputado Julio Colmán expuso una hipótesis centrada en una vendetta de traficantes de cocaína contra agentes policiales. Colmán denunció que el puesto atacado funcionaba como un peaje ilícito y que el trasfondo respondería a una "mexicaneada" de droga. Según el exlegislador, el atentado ocurrió porque uniformados, aunque no precisamente las víctimas, "tocaron lo que no debían" al apropiarse de un cargamento.

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El político colorado detalló que la policía retuvo una carga de cocaína que luego fue devuelta tras un pago, pero con un faltante de 50 kilos. Esa pérdida habría desatado la reacción violenta de los dueños de la mercadería, quienes habrían ejecutado el ataque después de no conseguir la restitución completa. "La cocaína es otro rubro, la marihuana es muy inocente", apuntó Colmán al describir la gravedad del conflicto.

Según el exdiputado Julio Colmán, el atentado ocurrió porque uniformados, aunque no precisamente las víctimas, 'tocaron lo que no debían' al apropiarse de un cargamento de cocaina

Como antecedente, Colmán recordó el Operativo Umbral ejecutado en diciembre pasado por la Senad y el CODI-FTC en la misma zona. En ese operativo se desmanteló una ruta criminal apañada por la Policía que permitía el tránsito libre de marihuana. Las fuerzas de seguridad detectaron puestos policiales, entre ellos el de Naranjito, que facilitaron el paso de un convoy de 19 narco camionetas con casi 90 toneladas de cannabis que tenían como destino al mercado de Brasil.

El puesto policial de Naranjito.

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El criminólogo Juan Martens respaldó la hipótesis de la venganza narco y criticó la improvisación del Gobierno ante la crisis de seguridad. Martens afirmó que el ataque "tiene mucha vinculación con un liderazgo del narcotráfico que impulsivamente buscó venganza" por la pérdida de mercadería. También sostuvo que el uso de armas que pertenecieron al EPP no es concluyente, ya que el armamento circula entre redes criminales.

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Martens sugirió que el atentado lleva el perfil de los "patrones locales" del narcotráfico, que actúan de forma vengativa. Por el contrario, descartó al PCC y al Comando Vermelho por ser estructuras demasiado burocráticas para este tipo de atentados impulsivos. El experto también señaló que la ruta PY03, donde operaba la comisaría, constituye un "peaje obligatorio" para el paso de ilícitos.

El criminólogo Juan Martens sugirió que el atentado lleva el perfil de los 'patrones locales' del narcotráfico, que actúan de forma vengativa

La versión de una venganza narco expuso diferencias dentro del propio aparato estatal inmediatamente después del trágico atentado. El Comando de Operaciones de Defensa Interna y la Fuerza de Tarea Conjunta habían marcado distancia frente a la tesis sostenida por el Ministerio del Interior.

El general Alberto Gaona, comandante del CODI, había declarado que el atentado no coincidía con el actuar habitual del EPP, ya que en ataques anteriores el grupo armado siempre dejaba panfletos para asumir la autoría, lo cual no ocurrió en Naranjito. Aunque sin contradecir abiertamente a Riera, que basaba sus declaraciones en pruebas balísticas, el CODI dejó en claro que continuaría recolectando sus propios datos de inteligencia para confirmar o desestimar las sospechas de manera definitiva.

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El contexto regional evidencia una expansión sostenida de las redes del narcotráfico que operan mediante rutas terrestres y fluviales hacia los mercados vecinos y de ultramar. En este engranaje, la complicidad de funcionarios y efectivos de seguridad facilita el tránsito de mercancías ilícitas hacia la frontera con Brasil. Los hechos violentos en Canindeyú exponen los riesgos de este dominio criminal en plena expansión sobre los corredores estratégicos.

La crisis de seguridad alimenta el debate político sobre la eficacia de los planes del Gobierno contra el crimen organizado en el territorio nacional. Las denuncias sobre zonas liberadas debilitan la credibilidad de las instituciones encargadas de la prevención y la seguridad pública. Opositores y especialistas exigen una reforma profunda del sistema de control policial interno para frenar los episodios de violencia extrema en la frontera.