El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó este viernes la información revelada el miércoles por LPO sobre la participación de la DEA en el operativo que terminó con la muerte del diputado Eulalio "Lalo" Gomes en Pedro Juan Caballero. "SIU Policía estuvo presente. Es una cooperación internacional, pero con el Gobierno americano", dijo en alusión al rol que jugó la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) durante el allanamiento.
Según dijeron fuentes oficiales a este medio, el procedimiento se dio por una orden directa de las autoridades estadounidenses y brasileñas, que ya tenían a Gomes en la mira, sin acordar antes con el Gobierno de Santiago Peña. Rachid ratificó esta versión parcialmente, ya que "tampoco la Policía Federal de Brasil tuvo conocimiento" del operativo llevado adelante en la madrugada del lunes, de acuerdo a sus propias declaraciones.
Riera y Rolón defienden el operativo donde murió Gomes y el Gobierno intenta pasar de página
La molesta del titular de la Senad vino por haber excluido a la institución del allanamiento, por la desconfianza que despiertan las habituales filtraciones en la Secretaría. "Ellos pueden elegir con quién trabajar y con quién no. Lo que agravó un poco la situación nomás es que era un trabajo de cooperación internacional", admitió Rachid. Esta tarde, Larisa Gomes, hija del diputado fallecido, lo cruzó en Radio Ñandutí y le pidió que aclarase sus dichos.
"¿Para qué me llamás a mí si yo no tuve intervención? Me sacaron de ese trabajo. No estuvimos ni nosotros ni la Policía Federal de Brasil. Lo que dije es que tuvieron participación el Ministerio Público y SIU Policía, que es la cooperación con el gobierno americano, y nadie más", respondió ofuscado.
Legal, el juez que ordenó el allanamiento, es uno de los operadores de la justicia que en reiteradas ocasiones fue catalogado de cartista por tener dos causas que investigan al expresidente y nunca haberlo imputado. Pero fuentes judiciales dijeron a LPO que Legal cuenta con bastante respaldo de investigadores de otros países, específicamente Estados Unidos. Eso se reflejó varias veces por la colaboración que tuvo con agentes en operativos conjuntos. Rachid confirmó que Legal era uno de los pocos que estaban al tanto del operativo, como también contó este medio.
Con todo, el operativo y los presuntos nexos de Gomes con el narco involucra de alguna manera al Congreso y a la dirigencia colorada. La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero del periodo parlamentario anterior había presentado su informe a la Fiscalía para que investigara el vínculo del entonces -todavía no había accedido a su banca- ganadero con varias organizaciones criminales.
Todos los miembros tenían conocimiento del informe, inclusive los colorados, que ahora se apuran por desligarse del fallecido diputado. El Ministerio Público, entonces manejado por la cartista Sandra Quiñonez, no avanzó en la investigación, si bien la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) había presentado con anterioridad un reporte parecido al de la CBI.
El informe de inteligencia financiera ronda las 250 páginas, en las que se explica el rol de Gomes en Amambay, la captación, colocación, estratificación y reintegro de dinero asociado a actividades criminales relacionadas con altos referentes del narcotráfico en la zona de frontera. El difunto legislador colorado movió G. 67 mil millones entre el 2017 y el 2021, junto a su hijo y socio Alexandre Rodrigues, mediante la empresa ganadera Paraguay Autopartes y Accesorios SA.
El crecimiento patrimonial de la empresa se debería al lavado de dinero, que simulaba ser fruto del desempeño (según la fachada, siempre en regla) de la compañía en el rubro ganadero. Otras de las empresas de los Gomes, como Salto Diamante y FRG Constructora, también realizaban operaciones para beneficiar a personas ligadas a actividades ilícitas, como Luis Carlos da Rocha, alias "Cabeza Branca", Rubens Da Rocha, Mauro Benítez, Diego Benítez y Antonio Joaquím Da Mota.
Los miembros de la comisión antilavado de ese entonces eran Jorge Querey (Frente Guasú), Juan Afara, Hugo Ramírez y Bachi Núñez (ANR), Salyn Buzarquis y Jorge Ávalos Mariño (PLRA). Los colorados que formaron parte de la CBI que investigó a Gomes no mencionaron si recordaban que existe un informe remitido a la Fiscalía, aunque desde el fallecimiento y confirmación de la imputación de Gomes tanto los cartistas como los abdistas intentaron despegarse del diputado.
Joana Rodrigues, esposa de Lalo habló con varios medios esta semana y reveló que uno de los dirigentes cercanos a su marido era el actual senador cartista Natalicio Chase, ex presidente de la Essap durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Rodrigues contó que Chase y su marido tuvieron cercanía y de hecho hicieron campaña juntos para este periodo legislativo.
La familia Gomes había comunicado a través de su abogado, Óscar Tuma, que estaban decepcionados con algunas autoridades que hasta hace poco trabajaron con Lalo y luego de su muerte no enviaron ningún saludo. Chase fue uno de los que no respondió a Larisa cuando le envió un mensaje, al igual que el presidente de la República, Santiago Peña. La intención de eludir todo tipo de responsabilidad política sobre los nexos que tejió Gomes también se replica en otras instituciones, como por ejemplo en la Senad, donde el actual director antidrogas es Hugo Derlis Batista, primo de Gomes.
Su presencia en la estructura de la Senad es un motivo por el cual se sospecha de filtraciones para salvar a su familiar. Rachid salió a desmentir que haya existido alguna filtración para proteger a Gomes, al menos en su periodo, y dijo que Batista "no tiene la información sensible".
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Rachid habla de "arco libre" en la gestión anterior, pero mantiene al sospechado de las filtraciones al Clan Mota
Rachid captura y extradita a un importante capo del PCC mientras tapa los vínculos con Lalo Gomes
