Este miércoles se dio a conocer que un portal de hackers ofrecía datos personales de 7.280.000 paraguayos, incluyendo información electoral, afiliación partidaria, domicilio y fechas de nacimiento. Los datos, valuados en 10.000 dólares, aparentemente fueron extraídos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), aunque también hay sospechas de la Policía y cuestionamientos al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). 

"Esto no es aislado, hay filtraciones constantes", advirtió Leonardo Gómez, analista en ciberseguridad, quien además criticó la falta de protocolos. "El Estado perdió datos sensibles. ¿Cómo se administran? ¿Quiénes tienen acceso?", expresó. Además, el especialista señaló que el TSJE bloquea accesos desde Europa por miedo a ataques, en vez de reforzar sus sistemas y limitar la transparencia.

Denuncian que están ofreciendo datos de empresas paraguayas en la deep web tras el hackeo a Tigo

El problema va más allá de un hackeo y no se descarta la manipulación de datos electorales, sobre todo si un partido político infiltra gente en el TSJE, lo que le permite obtener información de manera más fácil. Esto expone a los ciudadanos a riesgos como suplantación de identidad, extorsión y manipulación política. Con todo, desde el MITIC aseguraron que la filtración aún no fue corroborada. 

Gustavo Villate, titular del MITIC.

Por su pate, Luis Benítez, también experto en ciberseguridad, responsabilizó directamente al Estado. "No hay política pública de protección de datos ni inversión en infraestructura, la agenda digital está paralizada, dejando instituciones vulnerables", señaló.

Un punto crítico son las máquinas de votación. Benítez recordó que, pese a auditorías, estas máquinas son hackeables y cuestionó el hecho de que solo sean revisadas por técnicos. "Los partidos políticos no tuvieron acceso real a pruebas en las últimas elecciones", apuntó. Benítez insisitó en que Paraguay carece de una ley de protección de datos y los ataques no son algo inusual en el último tiempo.

No hay política pública de protección de datos ni inversión en infraestructura, la agenda digital está paralizada, dejando instituciones vulnerables

Mientras, el Estado no articula respuestas. "Hay descoordinación total", remató Benítez. El Gobierno salió a tratar de calmar las aguas después de que los medios se hicieran eco de la situación. El equipo especiaizado del CERT-PY, el Centro de Respuestas ante Incidentes Tecnológicos, ya lleva a cabo una investigación para corroborar la veracidad de las informaciones publicadas.

En el comunicado se recuerda a la población que, ante cualquier caso sospechoso, acuda a los canales oficiales para verificar la información y realice la denuncia a abuso@cert.gov.py. "Desde el CERT-PY estamos comprometidos con el fortalecimiento de la ciberseguridad de los sistemas y la mitigación de posibles incidentes que puedan afectar a los servicios del Estado", dice la circular.