El Gobierno salió a defender el operativo desplegado para localizar al productor brasileño Almir de Brum y rechazó las sospechas surgidas tras conocerse que el joven logró escapar por sus propios medios luego de permanecer secuestrado durante más de 100 días.

La víctima caminó solo durante cinco días por el monte y ni aun así fue encontrado por los organismos de seguridad, aunque desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) insisten en que de Brum vio los helicópteros que patrullaban la zona y se animó a huir de sus captores, una versión puesta en duda por las declaraciones de la familia. 

El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró este viernes que las fuerzas de seguridad estuvieron muy cerca de los campamentos utilizados por los secuestradores en la Reserva Morombí, pero que se optó por actuar con cautela para no poner en riesgo la vida del rehén, ya que una intervención directa podría haber derivado en consecuencias fatales.

El EPP libera al productor secuestrado en Canindeyú y el Gobierno desconoce si se pagó el rescate

Poco antes, el padre de Almir contó que el productor había conseguido huir y sobrevivir durante varios días en el monte antes de reencontrarse con su familia. Esa revelación contrastó con el anuncio oficial de su liberación, que habría sido resultado de los operativos de búsqueda realizados por las fuerzas de seguridad.

Enrique Riera, ministro del Interior.

Riera se mantuvo en su postura inicial e intentó dejar en claro que los trabajos de inteligencia y rastreo comenzaron desde el primer día del secuestro. Los equipos tácticos, sostuvo, llegaron a ubicarse a muy corta distancia del lugar donde permanecía cautivo el productor brasileño, pero no se dio la orden de ejecutar una operación de rescate debido a los riesgos que implicaba una acción de ese tipo en un terreno adverso controlado por el EPP.

Riera intentó dejar en claro que los trabajos de inteligencia y rastreo comenzaron desde el primer día del secuestro y que los equipos tácticos llegaron a ubicarse a muy corta distancia de los lugares donde permanecía cautivo el productor brasileño

Incluso, el ministro del Interior recordó la promesa que le hiciera al presidente Santiago Peña de liberar a las demás víctimas, en alusión a Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo, todos secuestrados por el grupo criminal.

Por su parte, el titular de Defensa, Óscar González, descartó que los testimonios de la familia de Almir respondiesen a una estrategia destinada a ocultar ciertos datos. Las autoridades defendieron que la prioridad pasaba por preservar la integridad física de la víctima, aun cuando implicara actuar con mayor prudencia en el terreno.

El cambio de postura del Gobierno generó dudas sobre lo sucedido con el joven secuestrado por el EPP. La versión del "escape" podría ser una estrategia para no reconocer un eventual pago de rescate de los familiares, ante el temor a represalias. Si bien González descartó en público una transacción, fuentes del ámbito de seguridad admitieron a LPO que esa posibilidad está en los cálculos del Ejecutivo. 

El presidente Santiago Peña.

De Brum había sido secuestrado el 21 de febrero mientras realizaba tareas agrícolas a bordo de una cosechadora en una propiedad ubicada en las cercanías de la Reserva Morombí, en el departamento de Canindeyú. Desde entonces, su caso había generado preocupación en Paraguay y en Brasil por el resurgimiento del EPP.

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Lo cierto es que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) volvió a quedar bajo cuestionamientos tras la aparición de Almir de Brum y el debate sobre la eficacia de los millonarios recursos destinados a combatir a los grupos armados en el norte del país. Diversos pobladores y conocedores de la zona sostienen que, pese a contar con un presupuesto anual que ronda los USD 7,5 millones, los resultados obtenidos a lo largo de los años están lejos de lo esperado.

Las críticas apuntan principalmente a que las acciones se limitan, en muchos casos, a controles en las rutas y despliegues puntuales tras denuncias específicas. En varias zonas del norte existen dudas sobre la presencia de los efectivos, sobre todo cuando se dan ciertos hechos que no responden a las tareas designadas a los agentes de la FTC o del CODI.