Una banda integrada por 20 delincuentes equipados con armas de guerra y movilizados en cinco camionetas hizo explotar la sucursal del banco Sudameris en la ciudad de Naranjal, departamento de Alto Paraná, en la madrugada de este jueves.

El hecho puso en jaque la estrategia del gabinete de Seguridad de Santiago Peña, quien tras varios meses de analizar las recomendaciones del Consejo de Defensa Nacional (Codena) acaba de firmar un decreto que flexibiliza el despliegue militar en la Región Oriental, expuesta al avance de grupos criminales que vienen copando nuevos territorios en los límites de Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y Caazapá.

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El botín, de acuerdo a datos extraoficiales de la Policía, rondaría los G. 1.000 millones, sustraídos en un lapso aproximado de 20 minutos. Los efectivos de la comisaría más cercana, ubicada a unos escasos 300 metros del banco, no tuvieron capacidad de reacción debido al bloqueo de los delincuentes, quienes abrieron fuego luego de activarse la alarma. Los uniformados optaron por resguardarse para evitar bajas durante el enfrentamiento.

El banco Sudameris de Naranjal tras el ataque. 

Este nuevo golpe se produce a solo tres meses de un caso similar registrado en noviembre pasado, cuando un grupo asaltó la sucursal de Bacop y se hizo con un botín estimado en G. 2.800 millones. En aquella ocasión, los asaltantes se movilizaron en cuatro vehículos que posteriormente fueron abandonados en los límites del departamento de Caazapá.

Los miembros de Codena admiten la preocupación por el nivel de armamento empleado y la organización y capacidad "seudomilitar" demostradas por los grupos criminales en los últimos atracos, algo que deja impotentes a las fuerzas policiales, pese a su entrenamiento y equipamiento.

Este nuevo golpe se produce a solo tres meses de un caso similar registrado en noviembre pasado, cuando un grupo asaltó la sucursal de Bacop y se hizo con un botín estimado en G. 2.800 millones

El Consejo al mando de Cíbar Benítez defiende la decisión de Peña de eliminar las barreras entre los departamentos para poder movilizar tropas especiales y contrarrestar el crecimiento de las organizaciones que, según dijeron fuentes militares a LPO, operan en zonas limítrofes donde anteriormente el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) no intervenía.

Enrique Riera y Cíbar Benítez.

"Nos preocupa que utilicen armas de guerra y estén organizados como seudomilitares. Se mueven en el marco de la ilegalidad y se ubican en los límites entre Caazapá, Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú. Decidieron operar en zonas donde el Ejército no podía ingresar. No se trata de que los militares intervengan en hechos menores, sino de enfrentar a narcotraficantes y grupos criminales. Existe una diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad del Estado", dijo un alto mando de Codena a LPO.

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En rigor, el decreto autoriza el "empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluidos los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna", en un intento por contener a los grupos criminales "con sesgos terroristas", como aseguró Peña, y al crimen organizado transnacional.

Funcionarios del gabinete de Seguridad no descartan que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional impulsen un incremento presupuestario para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas con Argentina y Brasil, en línea con la hoja de ruta de la administración Trump para la región.