
Los Estados Unidos lograron llevarse sano y salvo a su territorio a un hombre clave en el esquema criminal de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán: Federico Santoro, un ciudadano uruguayo de 44 años quien, junto con el asesinado Mauricio Schwartzman, habrían sido los cerebros financieros del blanqueo de capitales provenientes del tráfico internacional de cocaína, según los datos de la Fiscalía en el megaoperativo A Ultranza.
El nombre de Santoro empezó a sonar a principios de 2021 cuando el Comando Tripartito -integrado por fuerzas de seguridad de Paraguay, Brasil y Argentina- desplegó el operativo "Smart", que había identificado a Marset como el presunto líder de la estructura junto a Insfrán y Santoro, además de a Alberto Koube, como parte importante del esquema.
Hombre con vasta experiencia en la compra y venta de divisas, además de la habilitación de cuentas en el extranjero para el movimiento de grandes sumas de dinero, Santoro habría asesorado a su compatriota en todo lo relacionado con el movimiento de dinero para el tráfico de estupefacientes.
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Según datos desprendidos de la investigación estadounidense, Santoro habría utilizado corresponsalías de bancos de los Estados Unidos para el movimiento del dinero proveniente del narcotráfico, específicamente desde países europeos hasta América del Sur, lo que habría despertado las alarmas en ese país y servido como palanca para su extradición. Un tribunal de Virginia del Este fue el que solicitó esta medida.
A esto se suma su vinculación con el sonado caso del avión iraní, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, y cuya tripulación estaba integrada por presuntos integrantes de la Guardia Revolucionara Iraní y Hezbollá. El ahora extraditado había sido el encargado de trasladar a los tripulantes en mayo de 2022 cuando estuvieron por el Alto Paraná -antes de ser retenidos en Argentina-, hasta donde llegaron, entre otras cosas, para llevar cigarrillos de Tabacalera del Este (Tabesa), vinculada al expresidente Horacio Cartes.
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Un dato no menor es el hecho de que el informe realizado por el Comando Tripartito con respecto al esquema de Marset, y que vinculó a Santoro, casi le cuesta la vida al subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz, entonces jefe del equipo paraguayo y firmante del documento, quien fue atacado a tiros por sicarios en abril de 2022 en el Alto Paraná, apenas quince días antes del asesinato de Marcelo Pecci en Colombia.
Uno de los principales motivos por los que Santoro aceptó finalmente un acuerdo tiene que ver justamente con las garantías de su seguridad, según admitió su propio abogado. Si bien dijo no tener información sobre algún tipo de delación premiada, no descartó que la justicia norteamericana le ofrezca un pacto a cambio de algún tipo de información que pueda proporcionar sobre estos hechos, sobre todo el magnicidio de Pecci.
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Otro hecho significativo guarda relación con el asesinato de otro hombre vinculado al mismo esquema, Mauricio Schwartzman, atacado a tiros frente a su domicilio en septiembre de 2021, al que varias autoridades -incluso de este gobierno- también vinculan con el crimen de Pecci ocho meses después en Colombia. Informaciones extraoficiales hablan de una posible colaboración de Schwartzman con la DEA -agencia de la de que Pecci era colaborador- como el móvil del crimen.
Una cuestión clave es el reciente pedido de protección realizado por Cristian Turrini, condenado a 20 años de prisión en otro caso de tráfico internacional de cocaína. Su abogada denunció que su cliente estaba sufriendo amenazas de muerte en el penal de Concepción, dada su cooperación en el proceso penal por narcotráfico. Hasta antes de su extradición, Santoro también estaba recluido en una penitenciaría regional sin ningún tipo de protección.
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