Los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera decidieron desestimar la denuncia presentada en marzo de 2023 por el entonces ministro anticorrupción René Fernández, relacionada con el famoso avión iraní que había ingresado al país en mayo de 2022. La aeronave, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, había sido investigada por supuestos vínculos con el terrorismo internacional y el crimen organizado, ya que transportaba un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa). 

La denuncia inicial sugería que la operación de venta de cigarrillos podría haber sido utilizada para financiar actividades terroristas, específicamente a grupos como las Fuerzas Quds de Irán. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis, los fiscales concluyeron que no existían pruebas suficientes para vincular a los tripulantes del avión o a las empresas involucradas con organizaciones islamistas y con la propia República Islámica.

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Los 18 tripulantes, entre iraníes y venezolanos, no tenían antecedentes penales ni órdenes de captura internacional relacionadas con el terrorismo. La decisión de desestimar la causa coincide con las últimas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien postuló el combate a las organizaciones y países que colaboran con Irán, Venezuela y Hezbolá como prioridad de la administración Trump.

Nicolás Maduro. 

En este contexto, el Departamento de Justicia de EEUU incautó recientemente en República Dominicana un avión Sassault Falcon 2000EX utilizado por Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal venezolana sancionada por Washington. Este hecho refleja la postura firme de EEUU frente a actividades sospechosas vinculadas a regímenes sancionados y, al mismo tiempo, una advertencia a sus aliados en la región.

Los fiscales paraguayos argumentaron que, aunque el vuelo no era regular, contaba con la autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y que la carga de cigarrillos estaba debidamente documentada. Además, no se encontraron irregularidades en los permisos fitosanitarios ni en los despachos de exportación. Estas conclusiones respaldan la decisión de cerrar el caso, que se ajusta a los protocolos del Ministerio Público que no permite mantener denuncias abiertas sin evidencias sustanciales. 

Durante la investigación se detectaron inconsistencias en las facturas presentadas por Tabesa en Paraguay y Aruba, lo que generó sospechas de posibles ilícitos tributarios o lavado de dinero. Sin embargo, estas maniobras no fueron suficientes para sostener la acusación de financiamiento al terrorismo. Las autoridades paraguayas señalaron que, aunque existen discrepancias en los montos y métodos de pago, no se pudo demostrar una conexión directa con actividades terroristas.

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La desestimación de la denuncia no impide que EEUU continúe investigando el caso de manera independiente. De hecho, el avión iraní-venezolano ya había sido retenido en Argentina en junio de 2022 tras ser incluido en la lista negra de EEUU por sospechas de vínculos con las Fuerzas Quds. Esta situación refleja la complejidad del caso y las diferentes perspectivas de las autoridades internacionales, un grupo militar de elite del régimen de los ayatolás. 

Mientras Paraguay cierra este capítulo por falta de pruebas, el caso del avión iraní sigue siendo un tema de interés para Estados Unidos, que mantiene su postura firme contra actividades sospechosas vinculadas a regímenes sancionados. Igualmente, la decisión de los fiscales Arce y Cabrera puede entenderse como una forma de basar las acusaciones en evidencias concretas, aun cuando las sospechas iniciales puedan ser alarmantes. Aparte, EEUU también podría estar estudiando la situación del avión.