Los gobiernos de Lula da Silva, Javier Milei y Santiago Peña alistan la próxima instalación de una oficina antiterrorismo en la Triple Frontera, según confirmó este lunes el ministro de Defensa, Óscar González. La dependencia, que según funcionarios del sistema de seguridad se instalará en diciembre en la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina, tendrá como objetivo los trabajos de inteligencia.

El ministro de Defensa explicó que la iniciativa está siendo liderada en Paraguay por el ministro del Interior, Enrique Riera, aunque también contará con la participación de elementos de inteligencia militar. El propósito central de esta nueva instalación, explicó, es "marcar presencia" y prevenir posibles hechos ilícitos.

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Aunque aún no se dio a conocer la fecha, se espera que la instalación de esta nueva oficina sea precedida por una cumbre entre Riera y sus pares, Enrique Lewandowski, de Brasil, y Patricia Bullrich, de Argentina.

Aunque aún no se dio a conocer la fecha, se espera que la instalación de esta nueva oficina sea precedida por una cumbre entre Riera, Lewandowski y Bullrich

González precisó que hasta el momento se encuentran realizando las conversaciones previas y que, de parte de las Fuerzas Armadas, participaría el Batallón de Inteligencia Militar, además de otros organismos de inteligencia del Estado. Fuentes de seguridad señalaron a este medio que también habrá agentes del departamento de Antisecuestros de la Policía. Sin embargo, por el tipo de trabajo que realizarán, la oficina no requerirá una importante cantidad de agentes.

LPOJuan Casas

El anuncio de la creación de la oficina se da poco más de un mes después de que los ministros de Seguridad de los tres países firmaran en Buenos Aires la actualización del acuerdo del Comando Tripartito, creado en 1996. El convenio sirvió para fortalecer la cooperación policial del Mercosur a la hora de enfrentar el crimen organizado transnacional.

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El comando tuvo una participación destacada en operativos emblemáticos, pero su misión ha sido opacada por el desinterés de las autoridades paraguayas. Uno de los casos más notorios fue el de Sebastián Marset, capo de la cocaína en la región, sobre quien el Comando Tripartito habría advertido ya desde julio de 2021, en el marco del operativo Smart, al fiscal Lorenzo Lezcano, sin resultados.

El Comando Tripartito había advertido en julio de 2021 sobre una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de dogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, e identificaba a Marset como el líder, además de a otras personas de su entorno, como Federico Santoro, preso en los Estados Unidos

El equipo conjunto advertía entonces a Lezcano sobre una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de dogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, e identificaba a Marset como el líder, además de a otras personas de su entorno, como Federico Santoro, hoy preso en Estados Unidos.

Además de la inacción de la Fiscalía, en abril de 2022, la investigación le valió al jefe paraguayo del Comando Tripartito, el comisario Fernando Ruiz Díaz, un intento de asesinato. A este ataque se sumaron, el crimen de Mauricio Schwartzman, uno de los integrantes del esquema de lavado, y de Marcelo Pecci, que investigaba el atentado contra Schwartzman.

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Fuentes del sistema de seguridad hablan de que la oficina antiterrorismo estaría financiada por el Buró Federal de Investigación (FBI). No es ningún secreto que la Triple Frontera representa una preocupación para Estados Unidos. En mayo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para cualquier persona que ofrezca información valiosa sobre las actividades financieras de la organización islamista Hezbolá en la zona limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Según el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., las redes financieras de Hezbolá en esta estratégica región han generado ingresos mediante el blanqueo de capitales, el tráfico de estupefacientes, la falsificación de dólares estadounidenses, el comercio ilícito de diamantes y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, carbón vegetal, cigarrillos y petróleo.

Además, se afirma que Hezbolá también estaría involucrada en "actividades comerciales aparentemente legítimas", como la construcción, el comercio de importación y exportación, y la venta de inmuebles. La convergencia de estos esfuerzos trilaterales y la alerta internacional subrayan la determinación de las autoridades regionales y globales para reforzar la seguridad y desmantelar las redes criminales que operan en esta vital área.