Una comitiva paraguaya de funcionarios del Poder Judicial, la Policía Nacional e Interpol fue "invitada" a abandonar Estados Unidos cuando se disponía a asistir a un simposio sobre política financiera en la ciudad de Roswell, Nuevo México, que se realiza desde el lunes 27 de enero hasta el 7 de febrero.

Fuentes del Gobierno de Santiago Peña confirmaron a LPO que la expulsión se debió a la suspensión de todos los programas de cooperación y el bloqueo de las transferencias de fondos por parte de la administración Trump, tras la orden ejecutiva que firmó el republicano para "reevaluar y reorientar la ayuda exterior norteamericana". La decisión tiene una duración de 90 días y afecta a programas desarrollados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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Según pudo saber este medio, la medida abarca la colaboración que existía dentro del programa impulsado desde la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado. La agencia asiste a los países aliados para que refuercen sus sistemas policiales, judiciales y penitenciarios y así reducir las cargas de drogas ilícitas que llegan a las costas de Estados Unidos.

Donald Trump. 

"Por orden de Donald Trump se cortaron los fondos de todos los programas internacionales, pero las relaciones policiales se mantienen. El programa de INL que es para toda Sudamérica fue suspendido. Las relaciones son excelentes y el canal de comunicación se mantiene", comentó una alta fuente de Seguridad del gabinete de Peña.

Entre los funcionarios que fueron rechazados se encuentran las juezas Claudia Criscioni y Sandra Krichhofer y la jefa de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia, Viviana Mongelos, además del jefe de Interpol, Julio Roberto Maldonado Larrosa, quien viajó acompañado por los comisarios Sergio Insfrán, Pedro Lesme, Miguel Leguizamón y Héctor Molina y los subcomisarios Diego Escobar y David Delgado.

Por orden de Donald Trump se cortaron los fondos de todos los programas internacionales, pero las relaciones policiales se mantienen

"La comitiva ingresó a EEUU y una vez estuvieron en el hotel se les comunicó que se suspendía todo tipo de cooperación internacional. Se les invitó a abandonar el país y se les embarcó en el primer vuelo que se pudo", confirmó a LPO una fuente de Cancillería.

La jueza Claudia Criscioni, en el centro de la imagen, fue parte de la comitiva.

En 2020, la USAID había cerrado un acuerdo de transferencia en fondos por alrededor de 50 millones de dólares, si bien el Senado, meses atrás, arremetió contra las ONG para que rindieran cuentas de sus ingresos e inversiones. El objetivo era conocer el listado de empleados y cómo se financiaban. Pese a las críticas, el Congreso consagró los controles en una ley que Peña promulgó sin mayores objeciones.

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Las organizaciones se blindaron en base a las leyes de confidencialidad que les impedía otorgar la información exigida por el Congreso. Ahora, la decisión de Trump ha provocado que las diferentes comitivas pidan a las autoridades norteamericanas la remisión de un mensaje oficial o documento de respaldo para la cancelación de los viajes y así evitar la devolución de los importes en pasaje y viáticos y, sobre todo, saber cómo quedaron las relaciones y los trabajos impulsados entre los dos gobiernos.

De esta manera, el gobierno de Peña deberá esperar que pasen los 90 días dispuestos por Trump para conocer el futuro de los programas de cooperación y, en especial, aquellos que hacen a la lucha contra el narcotráfico, algo que afecta de forma directa al financiamiento de varias instituciones que dependen del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.