Agentes de la SecretarÃa Nacional Antidrogas (Senad) capturaron a Derlis Osmar Morel BenÃtez en el kilómetro 160 de la ruta PY09, zona de Moisés Galeano, departamento de Presidente Hayes. El sospechoso conducÃa una camioneta Chevrolet Montana en la que trasladaba cinco bidones de plástico de 200 litros cada uno que contenÃan combustible de aviación.
La carga carecÃa de cualquier tipo de documentación legal que respaldara su origen, tenencia o destino final en el territorio chaqueño. El procedimiento, que quedó a cargo de la fiscala Norma Paredes de Villa Hayes, apunta a desarticular los eslabones de reabastecimiento logÃstico.
Los investigadores presumen que el combustible incautado estaba destinado directamente a aeronaves utilizadas para el tráfico de drogas. Esta incautación, aunque menor, expone el funcionamiento diario de las organizaciones criminales que operan en zonas estratégicas de la región occidental.
El Chaco paraguayo opera formalmente como un corredor de entrada y centro logÃstico clave para la cocaÃna proveniente de Bolivia y Perú. Las redes criminales aprovechan la inmensidad del territorio para estructurar pistas clandestinas o blanqueadas falsamente en estancias ganaderas. La infraestructura incluye caminos rurales intransitados y "caletas", que son depósitos subterráneos revestidos para aislar la humedad de los cargamentos.
El transporte aéreo se sostiene mediante las denominadas "avionetas cabrito", aeronaves robadas a las que se les implantan matrÃculas falsas. El costo estimado para mover un solo cargamento de sustancias desde Bolivia hasta el Chaco asciende a 45.000 dólares. Este flujo requiere de proveedores locales de combustible que operen sin levantar sospechas en las rutas nacionales.
La rentabilidad del negocio dinamiza el esquema logÃstico debido a los altos márgenes de ganancia que ofrece la cadena de distribución. Un kilo de cocaÃna tiene un costo de 1.000 dólares en Bolivia, sube a 2.300 en Asunción y alcanza 3.000 dólares en la frontera. El mercado brasileño y el argentino reciben este flujo incesante, registrándose el secuestro de siete avionetas paraguayas en Argentina en 2025.
El despliegue de estas estructuras criminales coincide con una alianza sostenida entre criminales, fuerzas de seguridad y actores polÃticos. Los datos oficiales revelan que entre 2013 y 2022, un total de 39 dirigentes polÃticos enfrentaron procesos por nexos narco. La lista incluye a exmandatarios, gobernadores y legisladores procesados por su participación directa o complicidad con las bandas operativas.
La penetración institucional alcanza a funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y a efectivos policiales de diversas zonas del paÃs. Estos actores reciben pagos sistemáticos para permitir el paso de la mercancÃa ilÃcita y facilitar el posterior lavado de activos. Casos como el del senador Erico Galeano, condenado por lavado, ejemplifican los vÃnculos con redes de envergadura, como la de Sebastián Marset.
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En el territorio chaqueño se constata la fuerte influencia de la facción criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC). Este grupo inyecta dinero sucio en la economÃa formal mediante la compra de estancias, hoteles y estaciones de servicio. Estas propiedades funcionan operativamente como bases logÃsticas para el acopio de drogas y fachadas legales para el blanqueo de capitales.
La disputa por el control de las rutas generó crÃmenes de alto impacto que salpicaron la escena polÃtica nacional en los últimos años. Entre ellos, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, la muerte del diputado Eulalio Gomes y el crimen de Félix Kanazawa. Este último, extitular de la Dinac, fue hallado degollado, un hecho que aunque investigado como un crimen pasional, hay fuertes sospechas de participación del crimen organizado por su labor en el caso "A Ultranza".
La detención de Morel BenÃtez abre una nueva lÃnea de investigación sobre los proveedores reales del narcotráfico aéreo en el norte. Sin embargo, la acción del Ministerio Público se topa con limitaciones severas debido al temor generalizado dentro del Poder Judicial. Jueces y fiscales admiten bajo estricta reserva que evitan avanzar contra las figuras poderosas de la narcopolÃtica por miedo a represalias.
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