El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, introdujo este lunes una postura intermedia sobre el atentado ocurrido una semana atrás en Naranjito, departamento de Canindeyú, al señalar la existencia de un consorcio criminal operando en la zona. Esta lectura técnica busca disipar las contradicciones públicas surgidas en el seno del Ejecutivo tras el ataque que costó la vida a dos agentes policiales y a un civil.
Según el titular de la Senad, las estructuras dedicadas al narcotráfico, los remanentes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los sectores campesinos radicalizados se encuentran unidos y trabajando de manera coordinada para ejecutar sus objetivos comunes. El funcionario detalló que esta convergencia criminal abarca tanto propósitos de índole ideológica e insurgente como el lucrativo negocio del tráfico de drogas ilícitas.
Cobra fuerza la hipótesis de una venganza narco en Naranjito y crece la división en el gabinete
Rachid precisó que en las inmediaciones del puesto policial atacado, la institución a su cargo desplegó importantes operativos de erradicación de cultivos ilícitos de marihuana en asentamientos colindantes, específicamente en las tierras de la ocupación de la estancia Pindó. Estas intervenciones frecuentes en la zona caliente de Canindeyú marcan el territorio donde operan las facciones investigadas por las fuerzas de seguridad.
Como respaldo técnico a esta teoría del consorcio, las pericias balísticas oficiales confirmaron que las armas de fuego incautadas a los ocupantes de dichos asentamientos fueron utilizadas previamente en distintos ataques e invasiones de propiedades perpetradas en la misma región. De este modo, los peritajes conectan operativamente los frentes campesinos y armados que operan bajo la misma influencia geográfica.
Esta salida planteada por el ministro de la Senad funciona en la práctica como un intento de mediación institucional frente a la fuerte fricción generada en el gabinete de seguridad entre los ministros Enrique Riera y Óscar González. Las diferencias de criterio sobre el origen del atentado habían abierto un flanco de exposición política que el Gobierno intentaba ordenar con un discurso de mayor consenso técnico.
Óscar González se enojó con Riera por haber exagerado el poder de fuego del EPP
Mientras el titular del Interior, Enrique Riera, adjudicó públicamente el atentado a una nueva generación del grupo armado EPP y a su supuesta alianza con el narcotráfico, desde el entorno del ministro de Defensa, Óscar González, confirmaron su oposición a esta hipótesis. Puertas para dentro del Gabinete, González discrepó frontalmente con la versión de sus pares al considerar exagerado el diagnóstico sobre el poder de fuego guerrillero expuesto en la conferencia de prensa.
A esta disputa interna dentro del equipo de seguridad del presidente Santiago Peña se suma el marcado escepticismo de diversos políticos y analistas locales, tales como el exdiputado Julio Colmán y el criminólogo Juan Martens, quienes habían desacreditado categóricamente la hipótesis terrorista instalada desde el Ministerio del Interior desde el primer momento posterior al hecho.
Tras el ataque en Naranjito, Riera apuntó a la "nueva generación" del EPP y su alianza con el narco
Los críticos apuntaron con firmeza a la posibilidad de una venganza estrictamente vinculada al narcotráfico local, argumentando que se trató de una represalia por el manejo irregular y la apropiación de cargamentos de droga en la zona, una práctica conocida en el submundo como la "mexicaneada" contra transportadores de estupefacientes.
El debate político y de seguridad tomó un nuevo espesor al conocerse este lunes los detalles de un enfrentamiento armado previo, ocurrido en el asentamiento Edilson Mercado, en inmediaciones del lugar del atentado, en la tarde del domingo 12 de julio de 2026, exactamente nueve días antes del mortal ataque al puesto policial de Naranjito.
El operativo policial se originó cuando agentes de Inteligencia fueron alertados de que unas veinte personas con órdenes de captura por invasión y deforestación se reunían cada domingo en ese lugar, donde el ingreso de las fuerzas públicas era permanentemente resistido. La policía irrumpió con apoyo táctico y blindado, generando un feroz tiroteo que derivó en la detención de dos sospechosos y el decomiso de un importante arsenal de guerra.
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