En la mañana de este martes, la hacienda Ita Kyse de la Colonia Maracaná fue escenario de una emboscada armada. AgustÃn MartÃnez Fernández, un tractorista de 27 años, preparaba la tierra cuando sujetos armados abrieron fuego contra él. El ataque fue directo, utilizando presuntamente rifles y escopetas contra la maquinaria pesada en plena labor agrÃcola. Los proyectiles impactaron en la estructura, rompiendo vidrios y alcanzando al operario de forma violenta e inesperada.
MartÃnez recibió impactos de bala en la cabeza, el brazo y el abdomen, sufriendo heridas de diversa consideración. Vecinos y policÃas lo auxiliaron y fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Curuguaty para su atención. Aunque se encuentra fuera de peligro, permanece internado en un severo estado de shock tras el traumático evento. La maquinaria agrÃcola quedó destrozada por los disparos, evidenciando la letalidad del ataque perpetrado desde el monte.
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Este hecho ocurrió en un área marcada por la radicalización de la lucha por la tierra en el departamento. El sector atacado fue invadido anteriormente por campesinos que fueron desalojados en un operativo policial masivo. Los sospechosos residen en asentamientos precarios a menos de un kilómetro de la hacienda. La fiscalÃa y los investigadores vinculan el atentado directamente a las tensiones por la tenencia de la tierra.
Los antecedentes en la zona muestran una espiral de violencia que no cesa desde inicios del año 2025. En junio del año pasado, un desalojo en San Miguel derivó en enfrentamientos armados de gran envergadura. Dicha intervención dejó a un policÃa y a un campesino heridos tras horas de gran tensión y hostilidad. Las familias expulsadas denunciaron entonces la quema de sus casas y la destrucción total de sus cultivos agrÃcolas.
Las organizaciones sociales advirtieron sobre el peligro de repetir la tragedia ocurrida en Curuguaty durante el 2012. La falta de soluciones dialogadas viene empujando a ciertos sectores hacia acciones de extrema violencia en el campo. Este ambiente hostil es aprovechado por grupos criminales para expandir su influencia territorial y captar nuevos adeptos. La destrucción de infraestructura, como puentes sobre el rÃo Curuguaty'i, ha profundizado el aislamiento de las comunidades.
Peña da luz verde a la militarización total después de reunirse con Alter en el CODI
La Fuerza de Tarea Conjunta confirmó la presencia de una célula activa del EPP operando en Canindeyú. Los terroristas migraron desde Amambay y San Pedro buscando logÃstica para su supervivencia tras la presión militar. Atentados previos a subcomisarÃas y estancias reforzaron su asentamiento estratégico en el norte de este departamento. El grupo utiliza panfletos y consignas revolucionarias para reivindicar sus ataques directos contra los trabajadores rurales.
El ministro del Interior, Enrique Riera insistió recientemente en apuntar a la existencia de una peligrosa "triple alianza" criminal. Este nexo une a remanentes del EPP, grupos de campesinos armados y narcotraficantes que operan en la frontera. Los investigadores de la policÃa sostienen que estos actores comparten recursos y controlan áreas estratégicas del territorio. Dicha cooperación busca generar zonas liberadas para el tráfico de drogas y la logÃstica de la organización guerrillera.
Tras el secuestro de un productor brasileño, Peña autoriza el despliegue militar en todo el paÃs
La zona de influencia coincide con el territorio controlado por Felipe Santiago Acosta, alias "Macho", capo del narcotráfico. Se sospecha que bandas criminales asesoran a grupos "sin tierra" para hostigar a los productores y recaudar fondos. Los atentados con explosivos en Yasy Kañy y Campos Morombà refuerzan la teorÃa del rearme del grupo terrorista. El modus operandi incluye el uso de explosivos artesanales, detonados manualmente, táctica habitual del grupo armado.
El secuestro del trabajador Almir de Brum en febrero pasado marcó un hito en la escalada de violencia regional. Los captores dejaron notas del EPP acusándolo de una "deuda de sangre" por supuestos despojos de viviendas. Aunque la familia insiste en que son humildes, el gobierno califica oficialmente el hecho como un secuestro terrorista.
Ante esta situación, el gobierno de Santiago Peña autorizó en febrero el despliegue militar total en toda la Región Oriental. El objetivo es neutralizar a la alianza criminal antes de que logre una mayor capacidad operativa y de daño.
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