El nuevo modelo penitenciario del ministro Rodrigo Nicora quedó en jaque este viernes luego de que se conociera un plan para atentar contra Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.
El hecho ocurrió la semana pasada, pero recién salió a la luz este mediodía. Según reveló el titular de Justicia, un grupo de siete reclusos vinculados al Primer Comando Capital (PCC) logró sortear los controles internos y meterse en la celda del exsocio de Sebastián Marset.
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Pero el plan de ejecución falló por un error de cálculo: en el momento exacto en que los sicarios ingresaron al pabellón de alta seguridad, Insfrán se encontraba en una oficina del penal donde participaba de una audiencia virtual.
Fuentes penitenciarias de Minga Guazú aseguraron que este movimiento del PCC responde a una orden de silenciamiento dictada desde el exterior. Para despejar el escenario y evitar represalias, los presos ya fueron trasladados al centro penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
Los abogados de Insfrán denunciaron que el intento de asesinato se produjo el 11 de mayo, pero el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, fue notificado al día siguiente. El comunicado de Justicia insiste en que "la situación se encuentra plenamente controlada" gracias a los "controles rigurosos y permanentes".
En el Ministerio de Justicia atan el fallido atentado a la negociación de Marset con las autoridades de EEUU. El capo uruguayo podría acceder a una condena que rondaría los 20 años a cambio de exponer los pormenores de la red narco que enviaba cargamentos de cocaína desde Sudamérica a puertos europeos.
Esa negociación preferencial sería el verdadero detonante de la violencia local. La defensa de Insfrán deslizaron que quienes ordenaron abrir la celda buscaban cortar el hilo conductor antes de que el Ministerio Público o la Justicia norteamericana cierren el círculo sobre los cómplices de Marset en Paraguay.
La respuesta del aparato judicial ante la presión internacional fue inmediata. El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado dictó esta semana la prisión preventiva para el exsenador colorado Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del caso "A Ultranza Py".
En paralelo a la detención de Galeano, el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak movió la última ficha contra el entorno de Marset al presentar la acusación formal y pedir el juicio oral para Gianina García Troche.
La expareja del uruguayo, recluida en el penal Martín Mendoza de Emboscada tras su extradición desde España, formaba parte del esquema criminal de acuerdo a los informes de inteligencia financiera de la Fiscalía.
El Ministerio Público demostró que García Troche operaba como administradora y testaferro de la organización, gastando sumas multimillonarias en decoración, joyas y refacciones en efectivo sin registrar un solo ingreso probado en el país.
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