En febrero pasado se cumplió un año del millonario atraco conocido como el "robo del siglo", en el que un grupo de topos sustrajo entre 30 y 40 millones de dólares, según cifras extraoficiales, de las bóvedas de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este. Pese al paso del tiempo, la causa sigue paralizada y hasta el momento nadie fue condenado por el golpe.

El atraco se consumó el primer fin de semana de febrero de 2024, aprovechando las festividades por la fundación de la capital de Alto Paraná. Según los investigadores, un grupo de al menos 10 personas habría ingresado a la bóveda por un túnel de más de 150 metros de largo hasta el edificio de la asociación, donde alrededor de 300 socios guardaban su dinero.

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Los investigadores también señalaron que la construcción del túnel habría llevado meses de trabajo. De hecho, la boca de acceso se encontraba dentro de un local comercial que había sido alquilado un año antes.

La Fiscalía apunta directamente al financiamiento de un supuesto narcotraficante identificado como Mario Pucheta. El hombre sigue prófugo

Pese a la enorme cantidad de dinero que se llevaron, apenas dos de los afectados presentaron una denuncia, debido a que la inmensa mayoría del dinero no estaba declarado. Fuentes de la zona reclamaban ya entonces el alto nivel de informalidad de esta actividad, que facilita el movimiento de grandes sumas de dinero cuyo origen no es conocido y en su mayoría sería de procedencia ilícita.

Carlos Carvallo.

El despliegue logístico de la operación incluyó la instalación de aislantes en el interior de la bóveda, para evitar llamar la atención, mientras abrían con taladros un total de casi 150 cajas de seguridad. Los delincuentes incluso habían provocado un corte de energía en el sitio que duró casi 24 horas.

A estos elementos se sumaron otros que dejan entrever la participación del crimen organizado en la planificación. La Fiscalía apunta directamente al financiamiento de un supuesto narcotraficante identificado como Mario Pucheta, quien utilizaba otras identidades, como João Pucheta Martins y Jorge Fretes. El hombre, que tiene órdenes de captura con fines de extradición de Brasil desde 2012, sigue prófugo.

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Del operativo también habría participado un suboficial de policía, Fernando Llamas Ríos. De acuerdo a la Fiscalía, el agente había solicitado a un mecánico el desarme de uno de los vehículos que utilizaron los topos para retirar el dinero de la bóveda. Ante la negativa del mecánico, el vehículo fue quemado en Minga Guazú, a pocos kilómetros de Ciudad del Este.

Otro elemento que apunta al crimen organizado es la aparición de un 'equipo de exterminio' que fue interceptado por la Policía cuando buscaban silenciar a los capturados en la causa

El fiscal David Quintana, quien lleva adelante la investigación, le dijo a LPO que hasta el momento hay cinco personas identificadas en la causa, entre ellas el agente de policía y otros dos operativos.

Carlos Fernández Valdovinos.

Senado

Otro elemento que hace que la causa apunte al crimen organizado es la aparición de un "equipo de exterminio" que fue interceptado por la Policía una semana después del atraco. Un total de seis hombres, que llevaban armas largas y cortas, habían sido descubiertos cuando buscaban silenciar a los capturados en la causa.

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A más de un año del atraco, la causa sigue paralizada por motivos procesales. Quintana señaló que todavía siguen esperando el resultado de los análisis técnicos del cruce de llamadas entre los supuestos implicados, lo que permitiría llegar a los mandantes. El peritaje sigue trabado en el departamento de Antisecuestros de la Policía.

Por las circunstancias del hecho y la lentitud de la investigación, además del marco de informalidad de la actividad y la zona en la que se dio, la causa parece destinada a la impunidad. En el Este es un secreto a voces que las actividades criminales se refugian en el mercado cambiario para mover el dinero lejos del control del Estado.

La falta de controles en el rubro ya generó la reacción de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, que se levantó contra el BCP y la Seprelad por negarse a regular el mercado informal. La ACP denuncia una "informalización" del negocio cambiario luego de que se relajaran los requisitos para realizar transacciones financieras entre monedas.