Este miércoles es confirmó la destitución del agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Daniel Fernández, exdirector de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible (SIU) por no pasar la prueba del polígrafo. La semana pasada, Fernández había sido acusado por Sebastián Marset de manejar las operaciones del narcotráfico, si bien Jalil Rachid había asegurado que el agente aprobó el examen de detección de mentiras.
Según dijeron fuentes de la Senad a LPO, Fernández había pasado varias pruebas anteriormente, pero luego de la carta de Marset, fue removido del cargo. De acuerdo al capo uruguayo, sin la autorización de Fernández no se podía mover ninguna carga, una situación que describió como de público conocimiento.
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"Se sentaba a sacar cuentas de cuántos kilos llevaba en las vueltas. Sin el permiso de él, las cosas no se hacían, pero claro, como es del Gobierno nadie dice nada, como es delincuente con diploma, nadie dice nada. Si viven del narcotráfico, respeten al narcotráfico o les puede ir mal", dice parte de la carta de Marset.
Tras el operativo "A Ultranza Py", que desbarató el esquema del narco uruguayo prófugo, el ahora exdirector de la SIU había sido condecorado por Estados Unidos y considerado como el cerebro del caso. Siempre mantuvo un perfil bajo y nunca habló con los medios. Ahora la DEA debe elegir un remplazante porque se trata de una oficina que trabaja bajo su dependencia, operativa y financieramente.
Además, el caso "A Ultranza Py" tumbó a varios capos del narco en Paraguay, como es el caso de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", y su hermano, el pastor José Insfrán, y derivó en el pedido de detención de Marset. Hasta el momento, el ministro de la Senad se llamó a silencio.
En medio de la destitución, la abogada Cecilia Pérez se refirió el fiscal Deny Yoon Pak, al frente del caso "A Ultranza Py", ante posibles represalias del "rey de la hidrovía", sobre todo después de la detención de su pareja, Gianina García Troche -actualmente detenida en el penal militar de Viñas Cué- y otros familiares suyos, además de personas del primer anillo de su esquema, como Federico Ezequiel Santoro Vasallo, extraditado a Estados Unidos y declarado culpable por lavado de activos.
"Cuidar su seguridad y su integridad física, que es una obligación del Estado paraguayo, también es cuidar el trabajo que viene haciendo. En su momento ya encontramos una amenaza de Marset en su contra y contra la jueza del caso A Ultranza. Todos sabemos el crimen organizado sigue teniendo sus incisiones internas en nuestro país", apuntó la exministra de Justicia.
El narcotraficante uruguayo también es considerado como una pieza clave en el avance de la investigación sobre el crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022. Incluso, Estados Unidos ofreció USD 2 millones de dólares a cambio de información que ayude a detenerlo por haber usado su sistema financiero para lavar dinero producto del crimen organizado.
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Hasta el momento no existe algo similar a "A Ultranza" en Paraguay, aparentemente por la falta de cooperación. Incluso en Brasil se realizaron operativos contra el narcotráfico y se detuvo a Nélida Sonia Sánchez Garcete, hermana de Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, exdiputado suplente del Partido Colorado, asesinado a balazos por vínculos con el crimen organizado, aunque fue un trabajo hecho solamente por policías brasileños.
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