Documentos inéditos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), a los que accedió el medio UOL, revelaron que el espionaje contra Paraguay continuó durante el gobierno de Lula da Silva, pese a que el presidente brasileño había responsabilizado en un primer momento a su antecesor, Jair Bolsonaro. 

Estos registros detallan operaciones de contraespionaje ejecutadas en marzo de 2023, coincidiendo con la visita del canciller brasileño Mauro Vieira a Asunción. Entre los blancos figura el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Mario Abdo Benítez, Julio César Arriola, cuyo discurso previo a la bilateral con Vieira logró ser interceptado por la Abin.

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La investigación confirma que la agencia utilizó un software de intrusión para hackear dispositivos de funcionarios paraguayos vinculados a las negociaciones sobre la tarifa eléctrica de Itaipú. Según declaraciones de un agente de Abin a la Policía Federal, estas acciones contaron con la aprobación del actual director de la agencia, Luiz Fernando Corrêa, designado por Lula. 

El canciller brasileño Mauro Vieira.

Pese a que el gobierno brasileño atribuyó inicialmente el espionaje a la gestión de Bolsonaro (2019-2022) y aseguró haber suspendido la operación en marzo de 2023, los nuevos documentos revelados por UOL prueban que el persistió. 

Por ejemplo, el 8 de marzo de 2023, la Abin accedió al borrador del discurso de Arriola antes de su encuentro con Vieira, cuyo contenido incluía detalles sensibles sobre Itaipú. Los metadatos del archivo revelaron que había sido elaborado por la Cancillería paraguaya.

En junio de 2023, la Abin produjo otro informe con un esquema de las autoridades paraguayas responsables de fijar la tarifa técnica de Itaipú, junto con documentos confidenciales obtenidos ilegalmente. Este material forma parte de la Operación Duque, que buscó influir en las negociaciones

En junio de ese mismo año, la Abin produjo otro informe con un esquema de las autoridades paraguayas responsables de fijar la tarifa técnica de Itaipú, junto con documentos confidenciales obtenidos ilegalmente.

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Este material incautado por la Policía Federal forma parte de la "Operación Duque", que buscó influir en las negociaciones en torno a la hidroeléctrica. Brasil pretendía reducir el precio de la energía, mientras Paraguay defendía mantenerlo alto para invertir en infraestructura.

Luiz Fernando Corrêa, director de la Abin.  

Gentileza

Tras conocerse el caso, el Gobierno de Santiago Peña suspendió las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú y exigió explicaciones formales a Brasil luego de que el propio Lula admitió que Bolsonaro espió a Paraguay. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, calificó el espionaje como una posible "violación del derecho internacional".

Otro de los datos que supuestamente fueron obtenidos por Brasil involucra a personas "cercanas a Paraguay" que estarían interesadas en comprar energía cuando se habilite la venta directa a empresas del excedente que tiene Paraguay. Hasta el momento hay dos firmas brasileñas autorizadas para comprar energía.

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El Gobierno ya dió una respuesta inicial al enterarse de la publicación sobre la filtración. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, volvió a pedir explicaciones para saber qué fue lo que ocurrió antes de sentarse a la mesa de negociaciones y tocar los temas bilaterales pendientes, en particular el Anexo C. 

Giménez rechazó la idea de recurrir a instancias judiciales porque "aún no es el momento", pero algunas voces del cartismo exigieron una respuesta contundente. El diputado Miguel del Puerto habló abiertamente de "traición a la patria", en alusión a un supuesto funcionario paraguayo que habría colaborado con la Abin, mientras en Cancillería esperan que Peña marque la línea a seguir.