El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pidió tiempo este viernes para recoger las pruebas que le permitan abrir una investigación ante los hechos consumados de tráfico de influencias y nepotismo de parlamentarios oficialistas y de la oposición. La tibia reacción del Ministerio Público delata la "opción de cuidar el pellejo ante el temor de un posible juicio polÃtico", como dijeron a LPO legisladores no comprometidos con cargos a familiares.
La cámara baja es la impulsora de cualquier juzgamiento polÃtico y eventual destitución, lo que pone a Rolón en una posición incómoda ante el escándalo de los "nepo babies", los hijos del poder que ingresaron al Congreso sin concurso y en muchos casos a cambio de sueldos para nada acordes con sus méritos y funciones. El problema para el fiscal general es que el nepotismo afecta desde Raúl Latorre para abajo, es decir, a buena parte de Diputados.
En su primera aparición luego de que trascendieran los contratos de familiares de legisladores y otros dirigentes, como el propio vicepresidente Pedro Alliana, el titular de la cámara baja anunció esta mañana el lanzamiento de un concurso para la contratación de 50 nuevos funcionarios. Latorre reiteró también su supuesta lucha contra el planillerismo, aunque resultaba poco creÃble mientras los casos no dejan de salir a la luz pública.
El ex parlamentario y constitucionalista, Hugo Estigarribia, dijo a LPO que los hechos de tráfico de influencias y nepotismo son actos consumados que deben ser investigados y que se debe determinar la responsabilidad penal de la administración de Latorre por la violación expresa de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley.
"Lo mÃnimo que Latorre tenÃa que haber hecho era rescindir los contratos de los hijos de los diputados. Se viola la Constitución y la ley antinepotismo. Tanto diputados como senadores están afectados. Existe tráfico de influencias del presidente del Senado en favor de su hijo. Y a todo esto se suma una prohibición al acceso a la información por parte de Latorre", indicó.
Estigarribia sostuvo además que el Ministerio Público puede actuar de dos formas ante los hechos. O bien puede adoptar una reacción enérgica de intervención inmediata o bien puede optar por una actitud lenta y conservadora. A criterio del abogado, esta última es la elegida por Rolón para "cuidar su pellejo", aunque deslegitimará el rol de la FiscalÃa ante la oponión pública. La sensanción en el Congreso es que los casos seguirán acosando a la clase polÃtica.
"El fiscal general del Estado puede ser destituido por juicio polÃtico y el mecanismo del juicio se da en la cámara de Diputados con una mayorÃa. Hoy esa cámara es la afectada por este problema. Obviamente el fiscal general está cuidando su propio pellejo. No deja de actuar, pero no con la energÃa que toda la ciudadanÃa está esperando en este caso", subrayó Estigarribia.
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El constitucionalista aseguró que los involucrados utilizarán el receso parlamentario a su favor para que el escándalo se apague en los medios. De momento solo Beto Ovelar funcinó como el chivo expiatorio de la dirigencia paraguaya, que apenas atinó a defender los contratos de sus hijos y familiares directos. Ni siquiera Latorre pagó el costo por haber amparado a los "nepo babies".
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