Santiago Peña abrió un nuevo frente de conflicto en su gobierno, ahora con el Instituto de Previsión Social, a través de la desvinculación de 600 funcionarios, de los cuales 385 son médicos, muchos de ellos especialistas. El argumento del gobierno es un informe realizado por la institución que demostraría que estos funcionarios eran planilleros o tenían baja productividad. El organismo decidió no renovarles los contratos. 

Los trabajadores, según indicaron desde el IPS, tenían contrato vigente con la institución hasta el pasado 31 de diciembre, y con el vencimiento, estos ya no fueron renovados. Si bien el gerente de Salud, Carlos Morínigo, sugirió la posibilidad de la recontratación de varios de ellos, atendiendo a la epidemia de dengue, la sospecha de los sindicatos es que la maniobra será aprovechada para contratar a leales al gobierno.

Peña cruza a los sindicalistas que se oponen a la ley de jubilaciones: "Salen a criticar por no tener un cargo" 

Sergio Lovera, del Sindicato de Profesionales del IPS (Sipradips), aseguró a LPO que esta sería la maniobra del oficialismo, apretado en otras instituciones como el Congreso, donde están viendo más complicada la contratación de sus cercanos con el destape de los llamados "nepo babies". Lovera señaló que la verdadera razón para descontratar a 600 funcionarios es para "dejar espacio" para contratar a su gente.

"El trasfondo son fines políticos, ellos están liberando rubros a los efectos de nombrar pedidos políticos, personales administrativos, que realmente son inproductivos para el IPS", dijo Lovera a este medio. "Sacan a diez o veinte especialistas y le meten a recomendados, secretarias, amigas, amantes", criticó.

Brítez con el presidente Santiago Peña. 

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La desconfianza de los sindicatos se suma además al control que ahora tiene el gobierno de la caja del IPS mediante la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que piensan contrarrestar con una acción de inconstitucionalidad. Para los gremios, la aprobación de esa ley es contraria a la Constitución, por lo que tanto los parlametarios como el propio presidente incurrieron en una violación. "Ahora por decreto quieren manejar todo esto, para meter cupos políticos", remarcó Lovera.

Sacan a diez o veinte especialistas y le meten a recomendados, secretarias, amigas, amantes

De concretarse las sospechas de los sindicatos, el servicio de salud del IPS se vería seriamente afectado, en plena epidemia de dengue y el aumento de casos de Covid registrados en las últimas semas. A esto se suma la cantidad de pacientes que tienen agendadas con mucha anticipación cirugías programadas y que con esta medida deberán volver a reprogramar.

Los gremios consideran además que detrás de esto habría una intención de obligar al IPS a tener que tercerizar algunos servicios, atendiendo a la necesidad de los pacientes, lo que singificaría un nuevo gasto para la institución y un deterioro en la prestación de servicios. "Los afectados no son solo los especialistas, sino nosotros los cotizantes", aseguró el gremialista.