La Coordinadora Interdistrital de Sin Tierras del Norte emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera, relacionadas con la liberación de personas detenidas durante el operativo del pasado 5 de diciembre. El grupo sostiene que las detenciones fueron injustas, denuncia presuntos abusos policiales durante el procedimiento y advierten que volverán a ingresar a la estancia Lucipar.

Según el pronunciamiento, el operativo se habría realizado para proteger una propiedad atribuida a Luis Carlos Da Rocha, conocido como "Cabeza Branca", condenado en Brasil por narcotráfico. Los Sin Tierra afirman que las personas detenidas se encontraban en la vía pública y no dentro de una propiedad privada, y denuncian que durante la intervención policial se habrían producido hechos de violencia, incluyendo el uso de gas pimienta en presencia de niños y la agresión a una mujer embarazada.

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El comunicado también denuncia la destrucción de vehículos y el robo de pertenencias de los detenidos, atribuyendo estos hechos a efectivos de la Policía Nacional. Sostienen que hasta la fecha no se devolvieron todos los bienes incautados y que no existen pruebas que confirmen una invasión de propiedad privada, por lo que consideran que la liberación de los detenidos fue correcta.

La coordinadora también denuncia la falta histórica de entrega de títulos de tierra por parte del Indert a comunidades campesinas con décadas de existencia, y acusa al Gobierno de falta de voluntad política para avanzar en una reforma agraria

Además, cuestionan que no se hayan realizado peritajes, como pruebas de parafina, que permitan determinar responsabilidades en los disparos que dejaron a dos policías heridos durante los incidentes. La coordinadora también denuncia la falta histórica de entrega de títulos de tierra por parte del Indert a comunidades campesinas con décadas de existencia, y acusa al Gobierno de falta de voluntad política para avanzar en una reforma agraria.

Finalmente, los Sin Tierra afirman que no hubo avances en las mesas de diálogo con el Poder Ejecutivo y denuncian que la respuesta estatal a sus reclamos fue principalmente el despliegue policial. Ante este escenario, anunciaron que retomarán las movilizaciones y rechazaron de manera categórica que el Gobierno haya ofrecido tierras a las familias que reclaman acceso a ellas.

Francisco Ruiz Díaz, presidente del Indert.

La estancia Lucipar está ubicada en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, y un intento fallido de ocupación por parte de los denominados Sin Tierra arrojó un total de 52 campesinos detenidos por la Policía Nacional. También hubo heridos, entre labriegos y uniformados. Posteriormente fueron liberadas 23 mujeres por disposición de la Fiscalía y finalmente todos quedaron en libertad.

En aquel entonces, una caravana de campesinos había irrumpido en un establecimiento contiguo, pese al fuerte dispositivo policial, para invadir la propiedad de 11.000 hectáreas perteneciente al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, y actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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Riera había exigido a los jueces y fiscales aplicar la ley 6830 luego del intento fallido de ocupación de la estancia perteneciente al narcotraficante condenado actualmente en Brasil por parte de los campesinos y volvió a destacar la "titulación masiva" del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a cargo de Francisco Ruíz Díaz, quien habría perdido el respaldo político de los senadores cartistas por las presuntas irregularidades en su gestión.

Coincidentemente, el ministro es uno de los propulsores de la ley 6.830/2021, que criminaliza la invasión a la propiedad privada, como una solución al problema de la propiedad de la tierra en Paraguay. Sin embargo, a pesar de la promulgación de la norma, los campesinos siguen con su lucha por la tan anhelada reforma agraria.