
Jorge BrÃtez, titular del Instituto de Previsión Social (IPS), sigue contando con la confianza de Santiago Peña, a pesar de los diversos escándalos que llegaron a poner en duda su continuidad al frente a la previsional. Luego del caso que intentó ligar a Ueno Bank con el Gobierno, el presidente mantiene la lÃnea polÃtica de no remover a ningún ministro de su cargo si no es por una cuestión de fuerza mayor -y las tapas de los diarios no son un factor de peso- o por indicios claros de irregularidades que pongan en jaque la imagen del Ejecutivo.
Pero los embates que BrÃtez viene esquivando con habilidad alimentaron la aparición de una lista de nombres, tanto de su entorno como del Ministerio de Salud, que desde hace tiempo intentan mover las piezas con algunos senadores del comando de Honor Colorado para quedarse con el cargo.
En tanto, el titular del IPS fue recibido ayer jueves por Peña en Mburuvicha Róga, lo que dejó en evidencia el nivel de respaldo del que goza dentro del gabinete de Salud. Sin embargo, el que presiona desde atrás y con fuerza gracias al aval del ministro de EconomÃa, Carlos Fernández Valdovinos, es el consejero AnÃbal de los RÃos. Para su desgracia, la reputación negativa ganada en los últimos meses con los gobernadores y los casos de negligencia en cirugÃas lo alejan de la posibilidad.
De los RÃos no puede ignorar el caso de Ramón Samudio, a quien le amputaron las dos piernas por equivocación, que sigue muy fresco en la memoria de los familiares y de la sociedad. A esto se suma la recomendación que hizo durante una sesión del Consejo de Administración del IPS, donde propuso no invertir en los hospitales del interior porque "no reditúan en nada a la imagen" de la previsional. Con esa declaración levantó el rechazo de los 17 gobernadores, un dato no menor al momento de postularse como sucesor de BrÃtez.
Por fuera del cartismo y del IPS aparece el ministro de Salud de ex Mario Abdo BenÃtez, Julio Borba, quien se destacó por su gestión durante la pandemia al frente de la cartera. Sin embargo, el exfuncionario no contarÃa con el visto bueno de Peña.
En todos los casos, desde el gabinete deslizaron que, en caso de darse un recambio en el IPS -un escenario hoy descartado-, deberÃa tratarse de alguien con experiencia en el sector sanitario. Esa condición reduce las chances del exviceministro de Salud, Miguel Olmedo, que además debe lidiar con la presión de algunos médicos, senadores y diputados que recelan de su cercanÃa con el lÃder de la ANR, Horacio Cartes, y su posicionamiento entre las bases coloradas para competir por una banca en el Senado en 2028.
"Hasta el momento no existe ninguna propuesta. En estos últimos seis meses no hubo una propuesta concreta. Esto no es asà nomás, tenemos que preparar un equipo", reconoció Olmedo a LPO. El dirigente cordillerano esperaba ser designado por Peña en algún puesto de relevancia, una supuesta promesa que podrÃa darse tras sellar la paz con el gobernador Denis Lichi.
Pero de todo esos nombres en danza hay uno que se destaca y que contarÃa con la venia del presidente para un eventual reemplazo de BrÃtez: Carlos Pereira. Su perfil económico lo convierte en un candidato ideal para el Ejecutivo. El extitular del Banco Nacional de Fomento (BNF) lideró los trabajos en el Ministerio de la Vivienda y conoce de cerca la realidad del IPS, donde actualmente se desempeña como consejero.
Los balances del IPS confirman el uso de los fondos jubilatorios que el gobierno niega
BrÃtez fue recibido el jueves de mañana por Peña para analizar las últimas inversiones con diferentes bancos de plaza y el pedido de desistimiento presentada por el Ministerio Público a raÃz de la denuncia penal contra la administración pasada de Vicente Bataglia. Los últimos informes de la auditorÃa, que siguen sin concluir, señalan un perjuicio patrimonial que rondarÃa el billón de guaranÃes entre 2022 y 2023 por pagos irregulares.
La desestimación por falta de pruebas fue presentada por los fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez al juez penal de garantÃas especializado en Delitos Económicos. En el documento de 24 páginas argumentan que no existen elementos suficientes para la configuración de los tipos penales de lesión de confianza y estafa.
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