En un intento por aferrarse al cargo ante las amenazas de destitución, Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), denunció este martes una campaña impulsada por el Gobierno de Mario Abdo Benítez. La operación sería una venganza por su decisión de poner fin a un supuesto esquema de venta irregular de tierras públicas, operado por inmobiliarias, que habría afectado a cerca de 195.000 hectáreas de la zona de la Bioceánica.

Mientras Ruiz Díaz ofrecía su descargo público, en diferentes grupos de WhatsApp de funcionarios del Indert circularon audios atribuidos al titular del organismo, en los que se lo escuchaba presionar a líderes campesinos para que participaran de la conferencia de prensa y convocaran a movilizaciones en defensa de su gestión.

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Esta acusación a la administración de Marito, y en particular a su antecesora, Gail González Yaluff, se da en medio de la polémica por la venta de terrenos a precios irrisorios en Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay.

Gail González Yaluff, expresidenta del Indert.

A ello se sumó un incendio en un edificio contiguo a la sede del Indert en Asunción el sábado pasado: los senadores de la oposición sospechan de una posible quema de archivos, versión que fue negada por Ruiz Díaz mediante un comunicado y una foto subida a X junto a colaboradoras del organismo.

Durante la conferencia de esta mañana, el titular del Indert sostuvo que las investigaciones iniciadas por su administración comenzaron por la oficina regional del Chaco, donde apenas se encontró el 60% de los documentos relativos a las tierras, lo que confirma -según su hipótesis- las denuncias vinculadas a la venta a privados de lotes públicos.

De acuerdo a los datos proporcionados por Ruiz Díaz, el presunto esquema arrancó con la compra de un inmueble de aproximadamente 1.400 hectáreas en el distrito de Itakyry, cuya tasación -establecida durante el gobierno de Abdo- fue fijada en G. 100 millones, pese a que su precio real rondaba los USD 15 millones

De acuerdo a los datos proporcionados por Ruiz Díaz, el presunto esquema arrancó con la compra de un inmueble de aproximadamente 1.400 hectáreas en el distrito de Itakyry, cuya tasación -establecida durante el gobierno de Abdo- fue fijada en G. 100 millones, pese a que su precio real rondaba los 15 millones de dólares.

Santiago Peña y Basilio "Bachi" Núñez.

Este mecanismo le permitía al propietario, respaldado por "corporaciones internacionales", exigirle al Indert la compensación con tierras del Chaco bajo el sistema de permuta, un trámite que fue bloqueado por Ruiz Díaz por considerarlo contrario a la ley.

"Básicamente, esta persona agarra las hectáreas, actualiza los precios a valores de 2021 y le dice al Indert: 'Ustedes no me van a poder pagar, denme tierras del Chaco para compensar la deuda'. Se accede para que Gail González Yaluff firme el acuerdo con un funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, de nombre Héctor Parodi. Posteriormente se modifica este acuerdo para incluir el sistema de permuta, violando la ley porque, nunca pasó por la Junta Asesora", explicó Ruiz Díaz, quien presentará una denuncia ante el Ministerio Público.

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La permanencia de Ruiz Díaz al frente del Indert sigue siendo una incógnita debido a la falta de respaldo por parte de la bancada oficialista en el Senado, que solicitó al presidente Santiago Peña su remoción ante el ninguneo que sufren los legisladores por la falta de respuestas ante los reclamos de los sectores campesinos.

Ruiz Díaz habló de documentos falsos y una estafa al Estado por parte de González Yaluff, quien no tardó en cruzarlo. "Es miedoso y cobarde, se esconde bajo la pollera de Santiago Peña. Es un irresponsable, ruin, se pasa hablando mal de todo el mundo", disparó la exfuncionaria. Lo cierto es que el Ejecutivo esperaba la reacción del presidente del Indert, un paso necesario para poder mantenerlo en el puesto.

Mientras tanto, toda concesión de tierras se encuentra paralizada por disposición del Gobierno, que ahora busca revisar y retrotraer los procesos administrativos impulsados durante el gobierno de Mario Abdo. Las sospechas de negociados de tierras fiscales con corporaciones multinacionales interesadas en acceder a las codiciadas áreas de la Bioceánica es un giro en la trama que podría darle oxígeno a Ruiz Díaz.